Una guerra legal congela el contrato para invertir la ‘hucha’ de 7.500 millones de las nucleares

El Gobierno busca ayuda para sacar rendimiento e invertir el fondo milmillonario que guarda las tasas que pagan las centrales nucleares para financiar su futuro desmantelamiento. La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), de titularidad pública, activó el pasado marzo un concurso público para contratar un servicio de asesoría financiera especializada para realizar inversiones más sofisticadas de esa suerte de ‘hucha’ de las nucleares que ahora cuenta con cerca de 7.500 millones de euros.

La licitación estaba a punto de resolverse hace unas semanas con la adjudicación del contrato a Analistas Financieros Internacionales (AFI), tras imponerse en la recta final a Intermoney. Pero la batalla legal emprendida por otra de las aspirantes que había quedado excluida durante el proceso ha paralizado el concurso. Durante el proceso Enresa expulsó de la tramitación a ICapital por haber presentado una oferta económica con precios “anormalmente bajos”.

Ahora ICapital ha impugnado su exclusión ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales -el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda encargado de resolver las disputas en el desarrollo de las licitaciones públicas- y ha provocado la suspensión automática de la tramitación de un contrato clave para la compañía pública, según se recoge en la documentación oficial del procedimiento.

Rentabilizar el fondo milmillonario

España cuenta con una hucha milmillonaria que han llenado durante años las tasas que pagan las compañías que generan residuos radiactivos, muy especialmente las eléctricas propietarias de las centrales nucleares. Un fondo que se utilizará para pagar el desmantelamiento de los reactores según vayan cerrando y para construir los almacenes donde se guardarán los residuos radiactivos, y que dispone actualmente de unos 7.500 millones de euros.

Cada una de las centrales nucleares seguirán pagando esa tasa y engordando el fondo mientras sigan produciendo electricidad y no se produzcan los cierres de las plantas, programados para que vayan produciéndose de manera progresiva entre 2027 y 2035. Como gran parte del dinero acumulado en esa hucha no tendrá que gastarse hasta la clausura de las plantas y hasta la futura construcción de los siete almacenes temporales previstos en cada central y del gran cementerio definitivo de la basura nuclear, el Estado español va invirtiendo gran parte de las cantidades acumuladas para conseguir rentabilidades que engorden el denominado Fondo para la Financiación de las Actividades del Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR).

Enresa es la encargada de gestionar ese fondo que financian las eléctricas con sus tasas y de realizar las inversiones financieras con las cantidades acumuladas, bajo el control y vigilancia del Ministerio para la Transición Ecológica. Enresa puso en marcha el proceso de búsqueda de ayuda especializada para poder invertir en unos mercados cada vez más complejos y para ejecutar operaciones más sofisticadas para obtener rentabilidad suficiente.

En busca de inversiones más complejas

Enresa puso en marcha la licitación del contrato de servicios de asesoramiento para realizar inversiones financieras en principio durante los próximos dos años, con un precio estimado de casi 177.500 euros durante el bienio, y que puede acabar ascendiendo a casi 446.000 euros si decide aplicar prórrogas una vez expirado.

Enresa cuenta con una cartera de activos financieros valorada en 6.551 millones de euros a cierre de 2022, tras realizar inversiones con un valor nominal de más de 2.000 millones de euros durante el pasado año, según los datos internos de la compañía pública. Y en los próximos años se producirán vencimientos millonarios de su cartera histórica que empujan al grupo a rearmarse para ejecutar nuevas inversiones.

Durante años Enresa ha seguido un modelo conservador de la gestión de sus inversiones financieras y con una evidente aversión al riesgo, destinando los fondos mayoritariamente a renta fija pública a través de deuda del Tesoro y también a deuda corporativa de grandes compañías europeas y españolas, con una importante concentración de activos a tipo fijo y referenciados a la inflación española y europea. Pero tras el largo periodo con tipos de interés nulos el mercado ha ido orientándose hacia productos más complejos para los que necesita asesoramiento especializado.