Amianto, asignatura pendiente (y millonaria) de los municipios y los particulares

Una ley aprobada en abril del pasado año en España estableció que en el plazo de un año todos los ayuntamientos debían haber creado un censo de edificios con amianto. La ley está siendo incumplida de manera generalizada. La normativa exige además que se informe de un calendario que planifique la retirada paulatina de las cubiertas de amianto. Cualquier construcción anterior a 2002 puede tener amianto. Fue ese año cuando se prohibió totalmente la producción, el uso y la comercialización de amianto. Tanto el censo como el calendario, que deben tener carácter público, deberían haber sido remitidos a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas, las cuales deberán inspeccionar para verificar, respectivamente, que se han retirado y enviado los escombros generados a un gestor autorizado.

Pero la ley es todavía papel mojado. Se calcula que en Cataluña todavía quedan más de cuatro millones de toneladas, cuya retirada costaría solo en Catalunya más de 100 millones de euros en inversiones según diversas estimaciones. En 2030, más del 85% de estos materiales ilegales de construcción habrán superado su vida útil y constituirán un problema de salud pública, laboral y medioambiental, por ser altamente cancerígenos. El Govern de la Generalitat aprobó un plan normativo 2021-2023 y la Estrategia catalana de seguridad y salud laboral 2021-2026. El objetivo es la retirada del amianto de todos los edificios públicos antes de 2028 y del conjunto de la Unión en 2032. 

Consecuencias económicas y multas

El uso de satélites se ha convertido en un instrumento efectivo para hacer el mapa de uralita de los municipios, ese inventario municipal exigido por la ley y que todavía no se ha completado. Telespazio Ibérica, multinacional italiana especializada en el tratamiento de datos recopilados por satélites, advierte de que la retirada de uralita de todos los tejados tendrá costes millonarios y abandera servicios de teledetección que asegura pueden acelerar y abaratar el proceso. No existen estudios fiables de que amianto queda en las techumbres en España, mucho más importante en el entorno rural. Fuentes del sector de la construcción calculan que la retirada de un tejado de uralita de unos 50 metros cuadrados puede costar entre 1.000 y 2.500 euros, según las zonas y particularidades de cada construcción. A esta cantidad hay que sumar al menos 900 euros más para el transporte de residuos. Hasta 3.500 euros como mínimo, cifra importante para las economías familiares en el caso de viviendas independientes. Un tejado sencillo puede costar del orden de 70 euros el metro cuadrado a sumar tras la retirada del techo de uralita. Por ejemplo, la sustitución de un tejado de 2.000 metros cuadrados de un colegio de Madrid (Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Meseta de Orcasitas) supuso para las cuentas del Ayuntamiento más de 435.000 euros, 217 euros el metro cuadrado, según una respuesta parlamentaria.

La empresa Telespazio usa la inteligencia artificial para detectar con fotos desde el espacio los tejados de uralita

La tecnología empleada por Telespazio se basa en el análisis de fotografías tomadas desde el espacio. Las mejores imágenes aportan una resolución de hasta 30 centímetros en capas superpuestas (hasta ocho capas) con frecuencias de captación de luz o firma espectral precisa que permiten determinar la composición de los tejados. Abraham Olivares, director comercial de Telespazio, asegura que es posible ofrecer el mapa preciso del amianto de cualquier población mediana en apenas dos o tres semanas y con costes moderados. 

L'Hospitalet, más de 3.000 viviendas con amianto

Olivares reconoce que en el caso del sur de L'Hospitalet de Llobregat, por ejemplo, Telespazio ha detectado más de 3.000 edificios con amianto. Y en el barrio de Orcasitas de Madrid, al menos 3.750 viviendas tienen amianto en sus tejados. El índice de error del algoritmo es de apenas el 3%. La tecnología de detección empleada es capaz de diferenciar el uso en una construcción de teja cerámica curva de otras con bituminosos. Puede ser más comprometido discernir entre chapas grecadas de galvanizado y placas de fibrocemento (amianto), que son las que deben retirarse. Tras el análisis de las fotografías satelitales es necesario que se afronten visitas de campo para validar la observación técnica. Los trabajos de retirada de amianto en las viviendas son complejos. Generalmente se utiliza una solución acuosa para evitar la dispersión de fibras de amianto en el aire. Una mala manipulación de la estructura podría ser fatal para los trabajadores, que deben tener formación especializada. 

Pese a que las elecciones municipales de este 2023 han frenado todavía más la aplicación de la ley, se espera que más pronto que tarde los municipios vayan a ver en el control del amianto una nueva vía de ingresos en forma de multas a los inmuebles con amianto en su tejados. Quizá de esa manera se acelere la retirada de las viviendas privadas. Las empresas de reformas ven también en la rehabilitación y la retirada de amianto una posibilidad de ingresos prometedora.

La retirada debería priorizar las instalaciones y emplazamientos atendiendo a su grado de peligrosidad y exposición a la población más vulnerable. En todo caso, las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deberán estar gestionadas antes de ese 2028. En el caso de Cataluña, se ha encargado al Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) la elaboración de un mapa de las cubiertas con fibrocemento en todo el territorio, que se prevé que esté disponible a finales de 2023.