Los titulares de una vivienda en el municipio de Robleda-Cervantes reclaman a Unión Fenosa, la empresa distribuidora de la zona, acometer el enganche del suministro eléctrico en una casa cedida a una familia ucraniana acogida.
En la vivienda, además del matrimonio, viven 10 menores de edad. Los propietarios han pedido repetidamente a la empresa instaladora realizar la obra correspondiente, que la empresa está demorando ocasionando importantes problemas a los nuevos residentes. En la vivienda hay suministro eléctrico aunque de manera precaria desde otra vivienda de la familia de acogida para dar condiciones dignas a este núcleo familiar de refugiados.
Unión Fenosa tiene que abrir una zanja y soterrar el cableado en la vía pública y hacer el enganche en la vivienda. Al parecer la empresa no ha solicitado ni la licencia de obra ante el Ayuntamiento pese a que ha abonado la totalidad de los derechos de alta.
Unión Fenosa tiene que abrir una zanja y soterrar el cableado en la vía pública y hacer el enganche en la vivienda
El problema es que desde hace seis meses se tramitó la documentación y se efectúo la liquidación de los pagos correspondientes por parte del titular del inmueble. Además de acreditar la titularidad de la vivienda, el propietario presentó el boletín de enganche firmado por un electricista autorizado que certifica el buen estado de la instalación de la vivienda.
Las reclamaciones no se pueden efectuar en ninguna oficina de manera presencial y todo se tramita a través de Internet, cosa que no ayuda “porque no hay nadie con quien hablar y lo que te cuelguen en Internet”. Los consumidores denuncian que, en casos similares, la empresa distribuidora tarda hasta dos años en “hacer el enganche” electricidad a viviendas de nueva construcción. La legislación permite que el propietario también solicite el suministro eléctrico a través de la empresa comercializadora que desea contratar pero tampoco está siendo efectiva esta opción.
La demora está ocasionando importantes problemas a los nuevos residentes
Este trámite en una ciudad se demora de 5 a 8 según las páginas de consumo, en un pueblo hasta más de dos años. Las resoluciones de Defensor del Pueblo y del procurador del Común, así como las sentencias ante las reclamaciones de particulares y organizaciones de Consumo, el trasporte, las comunicaciones, la electricidad, el suministro de agua son servicios esenciales para el desarrollo de una vida digna en la sociedad actual. Servicios, cuya obligatoriedad de prestar recaen en las administraciones públicas como empresas privadas.
Todos los ciudadanos –reconocen la legislación, sentencias y resoluciones estatales- tienen derecho a su recepción en condiciones de calidad y con independencia de su lugar de residencia, recogiendo los informes del Defensor del Pueblo. Los poderes públicos están obligados a adoptar las medidas necesarias para que esto se cumpla, en Robleda-Cervantes y en el todo el medio rural en criterios de igualdad y no discriminación.
El derecho de los consumidores legítimamente está recogido en el artículo 51 de la Constitución y las leyes dimanantes de su desarrollo, sumado a la protección de la infancia y la especial protección del medio rural y su desarrollo en todos los ámbitos, y específicamente, las zonas de montaña. La vía legal es precisamente otra de las que está sobre la mesa de los perjudicados.
