La Junta de Castilla y León considera necesaria pero insuficiente para la defensa del mundo rural la Estrategia Nacional de la Caza propuesta por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

El Ministerio ha sometido hoy a aprobación en el seno de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural convocada al efecto, el documento denominado "Estrategia Nacional de la Caza", en la que la posición de Castilla y León ha sido defendida por el consejero en funciones de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

"Doctrinas animalistas"

La Junta de Castilla y León ha apostado por que este documento sirva para ganar relato en cuanto a la actual percepción que tiene la caza y la cultura cinegética ante una parte de la sociedad urbana, "muy influenciada por las doctrinas animalistas integristas", y ha incidido en la necesidad de resaltar el valor cultural de la caza, han informado fuentes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

Además, ha citado su valor económico, social y ambiental, y ha defendido como un aspecto "fundamental" cambiar la percepción, considerándola socialmente como una actividad tradicional del medio rural como la agricultura, la ganadería o la gestión forestal, que precisa de un importante relevo generacional, por lo que "es muy importante una acción especial en materia educativa", han precisado dichas fuentes en nota de prensa.

La Estrategia Nacional de la Caza es un documento técnico, de carácter orientativo ('libro blanco'), que repasa en buena medida la situación de la caza en España.

7.000 alegaciones

El documento ha tenido más de 7.000 alegaciones, muchas de ellas de grupos contrarios a la caza, "que han contribuido a diluir el objetivo inicial perseguido".

El documento tiene ese carácter orientativo o de libro blanco dado que las competencias básicas y de gestión son de las Comunidades Autónomas.

La Estrategia subraya la sostenibilidad, "uno de los pilares básicos para defender una caza moderna y con futuro, como lo ha hecho la reciente Ley de Caza y Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León de 23 de junio de 2021, pionera y que ha constituido una importante innovación legislativa a nivel nacional".

Pero, según ha insistido Suárez-Quiñones, el objetivo fundamental de este documento hoy aprobado consiste servir para cambiar la percepción social negativa que tiene esta actividad en una parte de la sociedad, fundamentalmente urbana.

El consejero ha subrayado el compromiso de la Junta de Castilla y León con la sostenibilidad y ha recordado que el Ejecutivo autonómico logró dos sentencias del Tribunal Constitucional y una del Tribunal Supremo que avalaron la normativa de la caza en Castilla y León.

Las dos primeras ratificaron la constitucionalidad de la modificación de la anterior Ley de caza, y la tercera avaló la normativa reglamentaria y, a pesar de ello, se promovió por la Junta el dictado de una nueva Ley reguladora de la caza, "moderna y adaptada a criterios estrictos de sostenibilidad, en la que esta Estrategia se apoya, que fructificó en la mencionada Ley de Caza y Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León, Ley 4/2021, de 1 de julio".

"Descoordinación"

Suárez-Quiñones ha puesto de manifiesto en su intervención la "descoordinación" del Gobierno de España en la fijación de criterios orientadores para el diseño de políticas públicas de desarrollo rural y medio ambiente, pues frente a iniciativas como la Estrategia promovida por el Ministerio de Agricultura, que van en esa línea, otras acciones y actuaciones de otros Ministerios y Vicepresidencias van en sentido contrario.

Esta "incoherencia" de las actuaciones llevadas a cabo por Vicepresidencias y Ministerios ha sido puesta en tela de juicio, ya que, por un lado, la parte del Gobierno de España responsable de políticas de reto demográfico en materia de lucha contra la despoblación la mantienen en vía muerta y, por otro lado, apuesta por políticas que "en nada favorecen el desarrollo rural, no estabilizan la población en nuestros pueblos y no generan rentas rurales, sino lo contrario".

El consejero de Fomento y Medio Ambiente en funciones se ha referido en este sentido al Anteproyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales, en el que se imponen unas condiciones "muy duras para los cazadores y a los ganaderos que quieran tener o criar sus perros como hasta ahora".

El consejero ha insistido en el ataque a la ganadería y al medio rural que ha supuesto el incluir en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) a las poblaciones de lobo al Norte del Duero.