La reforma de la Ley de la Cadena alimentaria ha llegado ayer tras la votación favorable del Congreso, texto que trae consigo la prohibición de la venta a pérdidas, uno de los puntos más esperados de la reforma por los ganaderos de leche, que esperan que el papel se lleve al terreno.

Esta ley quiere lograr un mayor equilibrio entre todos los actores que participan de la cadena alimentaria y favorecer al más débil de todos, los pequeños productores. “Si no se lleva a término no sirve de nada. La ley ahora no está actuando, los ganaderos estamos incumpliendo la ley porque estamos vendiendo a pérdida, no hay interés ninguno en solucionar el problema”, denuncia Jorge Hernández, responsable de vacuno de leche de COAG Zamora, quien desconfía de que se respete la nueva legislación.

Desde el sector se insiste en la urgencia de “hacer cumplir la ley” para que la leche deje de ser un “producto reclamo”. Este incumplimiento lleva a la “desconfianza” al sector láctico de que esta ley que sobre el papel “promete mucho” tenga una repercusión real en el mercado. Por su parte, el Ministerio ha anunciado que habrá sanciones a quien incumpla la prohibición de la venta a pérdidas en todos los eslabones de la cadena, desde la producción hasta el consumidor final. Esta es una de las novedades de esta segunda reforma que transpone una directiva europea que llega tarde, pues el plazo marcado desde Bruselas para la entrada en vigor de la normativa comunitaria venció el pasado mayo.

Esta es la segunda reforma que se aplica a la ley –que data de 2013– tras una primera que tuvo lugar en febrero del año pasado, cuando ya se estableció que los precios de venta no podían ser inferiores a los costes de producción. Sin embargo, no se ha cumplido, denuncia Hernández, que recuerda las protestas por el precio de la leche: en 2020 el precio de producción era 4 céntimos mayor al de su compra. Reclama que subir el precio del litro en el lineal 3 céntimos solo “supondría 15 euros al año por familia” y una solución.

El precio del cereal y la reforma de la PAC asfixia al sector lechero

El sector de vacuno de leche se enfrenta a varios frentes. El encarecimiento de los costes de producción cuesta a una explotación familiar de 80 cabezas lecheras entre 3.000 y 4.000 euros más al mes solo en pienso tras la subida del cereal, cuyo precio ha aumentado una media de cien euros la tonelada desde el año pasado o casi 200 euros en el caso del maíz. Como la alimentación, la luz y carburantes también han incrementado su coste, disparando los gastos de producción de las explotaciones. Aún así, el precio de compra de la leche “es el mismo de hace 40 años” aunque el coste de la vida no es el mismo, explica Hernández. El anuncio de la nueva PAC verde también ha sacudido al sector, que prevé ver su dotación disminuida hasta en un 20% debido a la convergencia de las subvenciones. Esto sucede después de que la nueva política agraria común haya igualado los derechos de pago básico, que hasta ahora, tenían un valor diferente por hectárea en función de la actividad pero que han tendido a la convergencia. Los derechos de la ganadería de leche, explotaciones “no muy grandes en base territorial”, eran altos, pero tras la regulación se han visto reducidos de manera abrupta, siendo el lácteo uno de los sectores que peor parado ha salido. El sector afronta muchas dificultades debido a que los números no cuadran. Hernández avisa que de aquí a abril habrá desaparecido “el 30% del sector de vacuno de leche, de las 11.000 explotaciones quedarán 8.000 y en cuatro años acabaremos con el sector” augura en el peor de los casos. “Una zona como Zamora quedará para poner solo placas solares, nos vamos del campo”. El descenso de explotaciones activas se repite año tras año en el vacuno de leche, tendencia que puede intensificarse después de meses de subida de los costes de producción y tras el descenso de ingresos de la nueva PAC. Sin embarco, España consume más lácteo del que se produce, explica el ganadero sobre un contexto en el que somos “deficitarios”. Advierte que ya importamos producto terminado desde otros países como queso o yogur y que la pérdida del sector local derivaría en una mayor presencia de lácteo importado de países como Francia o Países Bajos, donde el precio de la leche es superior, lo que encarecería notablemente la cesta de la compra.

Lineal de leche en una gran superficie. | Ana Burrieza

La lucha contra la pérdida de valor de origen a consumidor

Esta reforma ha incluido nuevas modificaciones para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. De entre las principales destaca que el ámbito de aplicación de la ley se amplía y ahora será extensivo a las Pymes, las relaciones entre mayoristas y las relaciones entre un proveedor y un comprador cuando ambos estén en España o un Estado miembro. También se amplían las prácticas que se consideran abusivas y sus sanciones, como la exigencia de pagos no relacionados con la venta de los productos, la modificación unilateral de un contrato o la cancelación de un pedido de productos perecederos dentro del primer mes previo, entre otras. La aplicación de la directiva europea también ha llevado a incluir dentro de la ley estatal una regulación de los contratos alimenticios, que de ahora en adelante, deberán figurar firmados por ambas partes y formalizarse antes del inicio del acuerdo en los que siempre tendrán que reflejarse los costes a los que se enfrentan y tendrán que figurar en un registro virtual. A partir de ahora y gracias al registro electrónico podrá denunciarse una violación de las condiciones del contrato a los responsables de supervisar la cadena, como las comunidades autónomas o la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), esa última, interlocutor con las instituciones europeas y encargada de establecer el régimen de control. Los productos agrícolas también empiezan a formar parte de la cadena alimentaria, que se suman a los alimentarios. El texto incorpora las definiciones de proveedor, productos agrícolas y alimentos perecederos, así como de comprador, autoridad pública, secretos empresariales y entidades asociativas. Además, empiezan a considerarse como gasto imputable el propio trabajo en el campo del ganadero o agricultor y el de su familia.