El Pleno del Senado ha rechazado este martes una moción por la que se insta al Gobierno a dejar sin efecto la inclusión del lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) hasta lograr un consenso entre los sectores implicados.

La iniciativa, consecuencia de una interpelación sobre este tema impulsada por el Grupo Parlamentario Democrático (GPD), ha contado con la inclusión de una enmienda de adición del Partido Popular y ha registrado 254 votos: 107 a favor, 121 en contra y 26 abstenciones. El GPD está integrado por Ciudadanos, la Agrupación de Electores 'Teruel Existe' y el Partido Regionalista de Cantabria.

"Se ha empezado la casa por el tejado", ha lamentado el senador del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), José Miguel Fernández, pidiendo al Ejecutivo que paralice la orden para incluir al lobo ibérico en el Lespre, que otorga a la especie una protección más amplia, y no la retome "hasta que no exista un diálogo y un acuerdo entre las partes implicadas".

En este sentido, Fernández se ha mostrado crítico con la postura del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) a quien ha acusado de no contar con el criterio de las cuatro comunidades autónomas principalmente afectadas -Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, y de darles la espalda.

La "invasión de sus competencias" y la "falta de apego a la realidad" que ha mostrado el Gobierno, son las principales razones por las que las cuatro comunidades han abandonado la mesa de trabajo, ha agregado el senador cántabro, quien ha añadido que hay que buscar una fórmula para lograr "el desarrollo paralelo del lobo y de la ganadería extensiva".

Por el Grupo Parlamentario Popular (GPP), la senadora Amaya Landín ha presentado una enmienda de adición a la moción, y ha explicado que el lobo no es "una especie vulnerable ni en vías de extinción" y que además "ya está protegido por planes de gestión". Reclamando medidas "más exigentes", Landín ha considerado que, al incluir al lobo ibérico en el Lespre, el Gobierno ha tomado "una decisión unilateral y política", que ignora las consecuencias económicas, sociales y medioambientales de las áreas donde la actividad ganadera es mayoritaria.

A continuación, el miembro del Grupo Parlamentario Socialista (GPS), Fernando Lastra, ha defendido la medida de su partido argumentando que la incorporación del lobo al listado "obedece a una decisión de la Comisión Nacional" y ha reivindicado que su legitimidad "viene de una resolución aprobada en 2017" en el Parlamento. "En el presente no hay censo, no hay protocolo para el establecimiento de los daños, no hay un protocolo para abordar el pago...", ha continuado sobre la importancia de otorgar este nuevo régimen de protección al lobo.

Por parte del grupo parlamentario mixto (GPMX), el senador de Vox, Jacobo González-Robatto ha criticado "la falta de respaldo técnico" y las "nefastas consecuencias" que tendrá la incorporación del lobo a la lista para el sector ganadero y la población rural.

Según González-Robatto, además de la ganadería extensiva, la caza también sería la principal actividad perjudicada, lo que rompería "el equilibrio del control cinegético" y generaría un mayor abandono del medio rural.

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