COAG valora de forma “positiva” los avances aprobados con respecto a la Ley de Cadena Alimentaria, por lo que supone de defensa del sector primario y la mejora de la posición en la cadena de sector. La Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados ha aprobado con capacidad legislativa plena la modificación de la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, mejorar su efectividad tras varios años de funcionamiento, así como para transponer la Directiva Europea relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario.

El Congreso ha adoptado la prohibición en la Ley de cadena de la venta a pérdidas en el último eslabón, "lo que supone un cambio sustancial al abrir nuevas vías de denuncia y control administrativo de esta lesiva práctica desleal". También se crea un registro digital de contratos, aunque sólo para las operaciones entre el primer eslabón y sus compradores, se incluye en parte el canal HORECA (ahora las grandes empresas de este canal estarán sometidas al cumplimiento de la ley), se mejora parcialmente la figura del mediador y se potencia el Observatorio de la Cadena, que ahora recogerá entre sus funciones la de generar informes sobre la formación de precios de los alimentos, especialmente para eslabones distintos al del productor, o la de elaborar, publicar y actualizar periódicamente índices de precios y costes de producción, bajo criterios que se determinarán reglamentariamente. También se han introducido algunas otras mejoras como, por ejemplo, una definición concreta del concepto “coste efectivo de producción” en la que se contempla la mano de obra familiar, entre otros aspectos, o la nulidad de las cláusulas de los contratos que se sitúen en fraude de ley.

Eficacia

"Lo aprobado no debe quedar en papel mojado. Hay que realizar una apuesta decidida y contundente por una aplicación inmediata y sólida de las nuevas disposiciones legales. El sector no tiene un minuto más. Nuestras explotaciones profesionales están pendientes de un hilo y todas las administraciones implicadas en la aplicación de la ley, tanto a nivel estatal como en los territorios, deben trabajar para su completo despliegue desde el minuto inicial. En este sentido, el refuerzo de la Agencia de Información y Control Alimentarios es vital y debe seguir produciéndose. Pero también es labor de los propios agentes de la cadena, las empresas y sus asociaciones, empujar para conseguir mejoras reales en la rentabilidad y el correcto reparto de la misma, de manera que consigamos una sostenibilidad real de la cadena que asegure nuestra soberanía alimentaria”, ha subrayado Miguel Blanco, Secretario General de COAG. 

COAG valora que hay que "mostrarse cautelosos y para que los avances aprobados no se vean mermados en el procedimiento pendiente en el Senado. Desde COAG seguiremos trabajando para frenar retrocesos e introducir mejoras aún posibles. Esta nueva ley debe servir para continuar progresando en los cambios culturales en el sector. La pionera ley de 2013 estableció las bases para cambiar hacia una nueva cultura de contratación con transparencia y seguridad y ahora es el momento de cambiar hacia un nuevo paradigma en el que los precios cubran nuestros costes de producción, en beneficio y sostenibilidad de toda la cadena y también del consumidor".