Una denuncia presentada el pasado sábado en el Juzgado de Instrucción Nº2 de Zamora contra Iberdrola y contra la Confederación Hidrográfica del Duero solicita como medida cautelar urgente que el juez ordene la paralización de la generación de energía eléctrica en la presa de Ricobayo.

La denuncia ha sido promovida por el mismo grupo de zamoranos que escribieron al Congreso de los Diputados y al Senado exigiendo que el Gobierno saque a licitación el contrato de explotación de la presa, y que imponga nuevas condiciones como que la nueva concesionaria registre su domicilio fiscal en la provincia de Zamora, para evitar que los impuestos de la electricidad producida en la provincia acaben en la Hacienda del País Vasco, que es independiente del resto de España en materia fiscal. La firma el exsenador de la legislatura constituyente por Zamora, Luis Rodríguez San León.

La denuncia acusa a Iberdrola de un presunto delito contra los recursos naturales que vulneraría el artículo 325 y siguientes del Código Penal, al haber provocado daños en el medio ambiente con el vaciado deliberado del embalse del Esla “de forma incontrolada y abusiva”. La denuncia también se dirige contra la Confederación Hidrográfica del Duero –el organismo regulador de la cuenca, que depende del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico–, “por no tomar medidas para controlar el desembalse incontrolado, afectando a los propios recursos naturales de la cuenca del Duero en su afluente del Esla”.

Además, la denuncia solicita que se acuerde como medida cautelar la paralización inmediata del funcionamiento de las centrales hidroeléctricas Ricobayo I y Ricobayo II, a los efectos de asegurar un mínimo de agua en la cuenca del Esla que pueda permitir que sobreviva un mínimo de la fauna piscícola y de la avifauna, así como garantizar el suministro de agua potable y riego a los municipios de la zona.

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GALERÍA | El “brutal vaciado del embalse de Ricobayo”, en imágenes. José Luis Fernández

Para convencer al Juzgado de adoptar esta medida cautelar, la denuncia también argumenta que de culminarse el vaciado del embalse podrían correr peligro la presa y las centrales hidroeléctricas: “el secado completo podría quemar las turbinas, y perjudicar a las instalaciones de la presa por la falta de humedad y las altas temperaturas”. En este sentido, recuerdan que el contrato por el que Iberdrola explota estas instalaciones podría estar caducado desde 2008, y señalan la existencia de una sentencia de la Audiencia Nacional, del año 2020, que avala que no se podía prorrogar el contrato de explotación para 75 años, que comenzó a correr en 1933 con la puesta en marcha de la central hidroeléctrica.

Asimismo, la denuncia señala los “daños irreparables para la flora y la fauna” ocasionados con el brusco vaciado del embalse, ya que en los meses de junio, julio y agosto “es cuando se produce el desove de la fauna piscícola, y lo hacen en las orillas del embalse. La bajada incontrolada de agua provoca que se pierdan todos los huevos, además de ocasionar la muerte de miles de peces por falta de agua, lo que podría derivar en una contaminación de aguas que afectaría a toda la cuenca del Duero aguas abajo, haciendo imbebible e inutilizable para el consumo el agua de toda la cuenca del Duero”.

Por otro lado, el vaciado también podría perjudicar a la avifauna. La denuncia señala la afectación de las zonas ZEPA (Zona de Especial Protección de las Aves) ES0000207 (Penillanuras-Campos Sur) y ES0000206 (Cañones del Duero).