Tres peticiones formales registradas ante las mesas del Senado, del Congreso de los Diputados y de las Cortes de Castilla y León, firmadas por el senador de la legislatura constituyente Luis Rodríguez San León y por los zamoranos Pilar Calvo, Marisol González y Luis de Nicolás solicitan a las Cortes Generales y a la cámara autonómica que insten al Consejo de Ministros a agilizar la licitación de aquellas presas de “Saltos del Duero”, en Zamora y Salamanca, cuya concesión original ha caducado.
La concesión para explotar el aprovechamiento hidroeléctrico del Duero y sus afluentes Esla, Tormes y Huebra data del 23 de agosto de 1926 y era para un periodo de 75 años desde la puesta en marcha de las centrales, recuerdan en el escrito enviado al parlamento español.
El Salto de Villalcampo se puso en marcha en 1949, por lo que la concesión a la actual adjudicataria finalizaría en 2024; el de Castro comenzó a producir en 1952, y caducaría en 2027. En cuanto a Ricobayo, el primer grupo de producción se encendió en 1935 con 100MW, pero comenzó a producir con toda su capacidad en 1947, por lo que finalizaría la concesión en 2022, según los firmantes del escrito presentado ante el parlamento.
Según reconoció la actual ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico –la vicepresidenta tercera Teresa Ribera–, los nuevos contratos de explotación de las centrales hidroeléctricas deben sacarse a concurso cuatro años antes de que caduquen los antiguos. Así se lo dijo por escrito a la Asociación de Vecinos de Carbajales de Alba, a principios del año 2020, respondiendo a una petición de revisión de las adjudicaciones presentada por este colectivo albarino.
Por lo tanto, recuerdan San León, Calvo, González y de Nicolás, el Gobierno ya debería haber publicado las licitaciones de los contratos de explotación de varias de las presas. Sin embargo, en una respuesta a la diputada nacional por Zamora Elvira Velasco, el Gobierno dijo que prevén sacar a licitación los contratos de las presas de Castro y Villalcampo en 2024. Esto ha sido calificado por los cuatro zamoranos como “una patada a seguir para mantener la situación actual”.
En su escrito, sugieren a los poderes legislativo y ejecutivo que las concesiones deberían revertir al Estado –o por delegación de competencias a la Junta de Castilla y León– o, en su defecto, que salgan a concurso nuevos contratos “con unas condiciones que faciliten el desarrollo de las provincias de Zamora y Salamanca”.
Para ello, proponen que en la licitación se incluya la obligación de que la eléctrica que resulte adjudicataria traslade su sede social a Zamora y Salamanca, y además deba proporcionar electricidad gratuita a los municipios donde se encuentren construidos los embalses y a los que se vean afectados con terrenos inundados o subestaciones eléctricas. Por último, sugieren duplicar el canon energético que reciben actualmente los ayuntamientos con centrales hidroeléctricas.
Acerca de la fiscalidad, el escrito en cuestión recuerda que en la actualidad los beneficios generados por las centrales hidroeléctricas de Zamora y Salamanca tributan a la Hacienda vasca, ya que la compañía tiene su sede social en Vizcaya. De esta manera, insisten, “no repercute, no ya ni en Zamora y Salamanca, ni siquiera en el conjunto de España” ya que a través del concierto económico la Comunidad Autónoma Vasca “es de facto un Estado independiente fiscalmente”.
Por otro lado, especulan con la posibilidad de anular el contrato de concesión antes de que caduque por el presunto incumplimiento por parte de la energética. El Gobierno, previamente, debería estudiar si la adjudicataria ha satisfecho todas las condiciones de la explotación.
En este sentido, afirman que “la concesión incluía la construcción y el mantenimiento de los puentes de Manzanal del Barco, el puente de la Estrella, o la apertura de una carretera por el Salto de Castro entre Castro de Alcañices y Villardiegua de la Ribera, comunicando Sayago con la N-122 y el norte de Portugal”. El puente de Manzanal, prosigue, fue sustituido en 2007 por otro que costó al erario público 540.000 euros para la redacción del proyecto, 12,7 millones para la ejecución de las obras y 325.000 euros más en mejoras en la plataforma del viaducto. Sin embargo, el contrato “no solo exigía la construcción de un puente, sino también su mantenimiento por parte de la hidroeléctrica en los años que abarcara la adjudicación”. La nueva infraestructura, sin embargo, fue financiada por la Diputación de Zamora, la Junta y fondos de la Unión Europea.
El Salto del Castro no permite la conexión entre Aliste y Sayago porque está cerrado al tráfico el camino desde el embalse hasta Villardiegua la Ribera. Ello a pesar de las limitaciones de carga del puente de Requejo o puente Pino.
Existen toda otra serie de puentes y caminos que los embalses soterraron bajo las aguas, dejando incomunicados pueblos y comarcas como ocurrió en la presa de Almendra, que separó la comarca zamorana de Sayago de la provincia vecina. “Debería haberse reconstruido un puente que quedó anegado bajo las aguas del embalse entre Carbellino (Zamora) y Monleras (Salamanca), donde aún existe la carretera, que llega desde ambos pueblos hasta el río y queda bajo las aguas, además de otros cinco puentes entre Sayago y Salamanca”, apuntan.
Todas las oficinas comarcales de la eléctrica fueron cerradas hace tiempo en ambas provincias.
En cualquier caso, piden a las Cortes y al Gobierno que los nuevos contratos que se liciten incluyan unas condiciones más ventajas para las zonas afectadas por los embalses, ampliamente afectadas por la despoblación.
