El futuro del lobo amenaza con desatar un nuevo conflicto. El debate sobre si debe protegerse la especie en toda España, y no solo al sur del Duero como ocurre en la actualidad, está agitando el tradicional enfrentamiento entre ecologistas y ganaderos.
Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia, las cuatro comunidades autónomas que gestionan a través de sus respectivos planes de gestión las poblaciones más numerosas de lobo ibérico de toda España, han logrado paralizar la propuesta del Ministerio de Transición y Ecológica y el Reto Demográfico de incluir al lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). Según ha informado el Gobierno de Cantabria, el Grupo de Trabajo del Lobo, conformado por técnicos del Ministerio y de las comunidades autónomas, tenía previsto abordar en su reunión de esta semana el borrador de “Estrategia para la conservación y gestión del lobo en España” elaborado por el Ministerio y que ya determinaba la inclusión del lobo en el Lespre, pero las cuatro comunidades autónomas del Noroeste solicitaron que se retirara del orden del día, con el apoyo del resto de los representantes autonómicos.
Una petición que fue aceptada por el Grupo de Trabajo, que ha tomado la decisión de elaborar un nuevo texto de Estrategia, basado en las aportaciones de las comunidades autónomas y el Ministerio. El texto será posteriormente analizado de nuevo en el Grupo de Trabajo para su consideración, evaluación y tramitación a los órganos que han de aprobar, en su caso, la nueva Estrategia.
Los consejeros medioambientales de Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León han aplaudido la decisión porque, a su entender, "la necesidad de una estrategia nacional es y debe ser compatible con los actuales planes de gestión de las distintas comunidades autónomas", al tiempo que insisten en los graves perjuicios que supondría la prohibición de cazar esta especie al norte del río Duero por su inclusión en el Lespre.
Los consejeros de las cuatro comunidades han afirmado que sus planes de gestión se ajustan "perfectamente a la normativa europea" y han logrado que en Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León las poblaciones de lobo hayan mejorado y ocupen nuevos territorios, además de aportar una información “fiable y continua” sobre la evolución de sus poblaciones, los daños que causan a la ganadería y la conflictividad social asociada a su gestión.
El enfrentamiento sobre el estatus de protección del lobo provoca controversia incluso en el seno del PSOE. Mientras que la presidenta del partido, Cristina Narbona, animaba hace unos días a los ecologistas a continuar su lucha para proteger al lobo en toda España, el Gobierno del Principado de Asturias, también socialista, ha manifestado su frontal rechazo a un cambio en el estatus del lobo, que al norte del Duero se puede gestionar, es objeto de controles poblacionales y es especie cinegética.
Los ecologistas mantienen una visión clara: “España necesita que el lobo sea protegido ahora”, señaló Ignacio Martínez, presidente de la Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), el colectivo que inició en octubre de 2019 el procedimiento administrativo para proteger toda la población ibérica de la especie, incluyéndola en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría “vulnerable” o, en su defecto, en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
Ascel criticó al Gobierno por presentar una propuesta que permite “que continúen las matanzas y los controles de lobos, sin sentido ni resultado, ni amparo legal”, en lo que califico de “una vergüenza nacional, que cuestiona la supervivencia de la especie”. Resaltó que una estrategia nacional “no la pueden dictar comunidades, como Castilla y León, con su plan de gestión del lobo anulado definitivamente en los tribunales, por acción de Ascel”. Y acusó al Ministerio de estar “huyendo de su responsabilidad”; “desoyendo al Comité Científico”, que aconseja proteger al lobo en toda España, y “plegándose ante quienes reclaman el sinsentido histórico de que una especie protegida sea cazada en España”.
“El Ministerio no se puede acobardar, negando lo evidente, y renunciando a defender la biodiversidad en España, su misión y su papel en nuestro marco legal”, apuntó Ascel, que lanzó una advertencia: “El Ministerio, o está con el dictamen unánime del Comité Científico (el lobo ha de estar en el Listado, y no se puede cazar) o es cómplice de la continuidad de la muerte irracional de lobos, imprescindibles para nuestra salud ambiental”.
