El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha insistido en que la Administración autonómica actuará bajo el "principio de legalidad" a la hora de conceder o no permisos para la instalación de macrogranjas.
Sobre el término de macrogranjas, ha incidido en que "no existe" como concepto jurídico y que las entidades interesadas en abrir explotaciones en la Comunidad han de ceñirse a la "normativa estricta" que sirva para tal función.
Por ello, ha remarcado que el Ejecutivo no actuará de manera "discrecional" y que se ceñirá a los informes técnicos y, de manera "rigurosa", al cumplimiento de las normas. "La Administración obra con principio de legalidad", ha apostillado durante una rueda de prensa en la Diputación de Salamanca.
