El Juzgado de los Contencioso Administrativo de Zamora ha dictado una providencia contra el alcalde de Requejo, Santiago Cerviño, por no ejecutar la sentencia que le obligaba a recuperar el acceso a un camino público, cortado por la colocación de la valla. La providencia judicial acuerda imponer 200 euros de multa al mes al alcalde hasta que identifique al funcionario al que corresponde iniciar el procedimiento administrativo, de acuerdo a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso. La providencia, dictada el pasado 9 de julio y notificada a las partes, acuerda además deducir testimonio a particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder por no ejecutar la sentencia.

La respuesta municipal ha sido inmediata, con una resolución de alcaldía dirigida a la persona que instaló la valla para que en el plazo de 15 naturales días retire la cancilla en la calle Malonga números 25 y 27 en cumplimiento de la sentencia. El camino en cuestión, como recoge la propia alcaldía en el expediente, está incluido en el inventario de Bienes Municipales. El Ayuntamiento ha dilatado 6 años en revocar el acuerdo plenario.

Los hechos se remontan al año 2013, cuando el Juzgado de los Contencioso Administrativo de Zamora admitió el recurso de una vecina del municipio, contra el acuerdo de pleno , en sesión ordinaria de abril de 2013, desestimó el uso público de un camino y la recuperación del mismo como bien municipal. Al prosperar favorablemente al interés público y municipal corresponde al Ayuntamiento recuperar de oficio ese uso público. Así se anuló el acuerdo de pleno y se declaró que sobre la superficie existente entre los inmuebles de la calle Malonga números 25 y 27 "existe un uso público", un camino.

En el fallo judicial se instaba a tasar pericialmente la entrada del camino y a reflejar su tasación, 44,16 metros cuadrados, en el Libro Inventario de Bienes de la corporación. El valor del terreno es de 823,58 metros. Además, la corporación tendrá que resarcir a la vecina que promovió la recuperación de los bienes públicos, frente a la inacción municipal, que ha desembocado en la sentencia en vía administrativa.