F. L. ha dejado constancia en la denuncia de la existencia de “grabaciones de voz, correos electrónicos y escritos que corroboran todo lo narrado y que puede presentar ante la autoridad judicial si fuese requerido”. Expresa también que tiene conocimiento “de que existen más denuncias contra José Manuel Ramos Gordón, por las que ha sido condenado diocesalmente, así como otras denuncias contra elseminario (de La Bañeza) y contra otros sacerdotes del mismo”.

Con ello el denunciante pretende que “no quede ningúncabosueltoyacreditarcon pruebas todo lo que digo, como he hecho siempre porque nunca me he movido de la verdad”. En su objetivo de demostrar “que mi proceso ha sido una burla”, F. L. puede probar hechos como que “el vicario (judicial) le manifestó de manera informal que si hubiese dirigido la carta del30denoviembrede2014al Obispado deAstorga, en lugar de al Vaticano, ésta a lo mejor no hubiese llegado a mi (al vicario) y el obispo, aconsejado por quien fuera, la hubiera tapado y no hubiese hecho más caso”. O cómo durante el proceso le preguntaron “cómo puede ser restablecida la justicia,castigadoelimputadoyreparados los daños causados?, manifestando el declarante que no entendía bien a qué se refería la pregunta, contestando el vicario: si te ofrecemos 50.000 euros te puedes sentir ofendido?”. Tras este ofrecimiento el obispo JuanAntonio Menéndez rechazaría la reparación económica, alegandoquenohasolicitadoelresarcimientodel daño y que se abonaba alguna cantidad incurriría en malversación de fondos.