El sector de la caza, la guardería medioambiental y celadores viven unos momentos de absoluta incertidumbre y en una situación "impensable" tras las sentencias del Tribunal Superior que anulan de forma cautelar el aprovechamiento cinegético. La última, del pasado 26 de febrero, con la anulación de la Orden Anual de Caza que establece las especies cazables, los cupos, los días hábiles y las modalidades, y que viene a ser la reafirmación de la suspensión de la actividad cinegética acordada en el auto judicial del 21 de febrero.
La paralización de caza es absoluta y existe, según apuntan algunas fuentes, una instrucción interna en Medio Ambiente de no conceder ni una autorización más de caza en tanto no haya una salida.
Ante esta situación, titulares de cotos de Sanabria y Carballeda han mostrado su queja porque ya han pagado las tasas y pedirán a la Administración "que devuelva el dinero o que descuente el próximo año la parte correspondiente al periodo de caza que no pueda llevarse a cabo". La Asociación Zamorana para la Defensa de la Caza y de la Pesca también requieren a la Administración que informe sobre el particular para operar en consecuencia.
El delegado provincial de Caza, en Zamora, José Antonio Prada informó ayer que "el próximo miércoles, día 13, los cazadores se concentrarán ante las Cortes de Castilla y León para respaldar a los grupos políticos favorables a la caza", y que tratarán de aprobar una modificación de la Ley que haga viable el aprovechamiento cinegético en la comunidad. Los grupos parlamentarios Popular, Socialista y Ciudadanos han presentado una proposición de Ley motivada, entre otros aspectos, en que "la actividad cinegética se ha demostrado como una herramienta de gestión y control eficaz de las poblaciones de ungulados silvestres, jabalíes conejos que permite reducir los daños sobre cultivos, ganadería, accidentes de tráfico, epizootias y zoonosis como la tuberculosis bovina y la peste porcina africana".
De momento, abundan las quejas porque la Administración no ha informado oficialmente a nadie de cómo deben proceder. Ante esta incomunicación, hay quienes consideran que, en tanto no aparezca una orden o una norma publicada en los boletines oficiales, pueden practicar la caza conforme a la Orden de Vedas. De hecho, algunos cazadores tienen en sus manos la autorización para abatir ciervas y realizar controles de conejos pero no saben a qué atenerse, si sacar las armas o mantenerse a la espera de los acontecimientos.
José Antonio Prada, afirma que en estos momentos el responsable sería el Director General del Medio Natural y podría incurrir en delitos penales, de ahí que se busque una solución, que espera venga con la modificación de la Ley de Caza cuya aprobación, debido a la urgencia, se adelantará al día 20 y no tendrá lugar el 27 como estaba previsto. Prada pone de relieve el perjuicio que se deriva de la suspensión de la caza tanto para el ecosistema como para cultivos y ganaderías, como en siniestros de tráfico como en el orden económico.
Los acuerdos de las sentencias, aunque cautelares, han sumido al sector de la caza y a la administración de medio ambiente en un desconcierto que "confían" que desaparezca con las modificaciones de la normativa. No faltan las alegaciones sobre el gran número de ejemplares por cazador y día que se tiene fijado para especies que han dejado de cantar en un importante número de territorios, como la codorniz. La cifra de 30 ejemplares por cazador y día es considerada como una cuantía más que excesiva y afirma que responde "al interés de algunos cotos" que aprovechan la presencia de codorniz y porque "se gobierna a golpe de amigo". Lo mismo ocurre con la paloma tórtola, sobre cuyo descenso poblacional se ha dado la alarma en los últimos años.
Fuentes del colectivo de cazadores esperan que la temporada de la caza del corzo, que se inicia el uno de abril, pueda desarrollarse con normalidad y que los titulares de los cotos cuenten con los preceptivos precintos a tiempo para abatir a los ejemplares. El retraso de los precintos fue un problema denunciado el pasado año en Zamora y los cazadores esperan que la gestión esté lista este año a su debido tiempo.
"Tenemos miedo porque si no generamos dinero todo puede irse al traste. Si en Castilla y León no puede cazarse se irán a otras comunidades" expresan responsables de cotos de Sanabria y Carballeda que subraya el interés de cazadores de Asturias, Vizcaya, León y otras zonas del país por el lobo, las becadas y el corzo. Airean su sorpresa por los fallos de las sentencias y se suman a quienes apuestan por una regulación para evitar la sobrepoblación de especies que hacen daño a ganados y cultivos.
El armero zamorano Francisco Hernando "Paco" señala que todos los días entran en la tienda quince o veinte cazadores a preguntar cómo está la situación". Indica que si se suspende la actividad cinegética habrá plagas de animales que se meterán hasta en la capital. El declive del sector lo pone de relieve que "hace unos años había en Zamora cinco armerías y quedamos dos".
Lobisome Naturaleza, afincado en La Culebra y con guías de ecoturismo ético y responsable, presentó el pasado jueves un informe al Procurador del Común de Castilla y León solicitando que se invalide al censo oficial de lobo en Castilla y León, al considerarlo carente de "fiabilidad". Carlos Soria considera "lamentable que tenga que ser la ciudadanía la que se gaste el dinero para conseguir que la Justicia acuerde la suspensión de la caza".
La presidenta del Partido Animalista contra el Maltrato Animal, Silvia Barquero, según recoge Efe, apunta que "las dudas quedan ahora totalmente despejadas después de que el TSJ, merced a los recursos de Pacma, haya paralizado también la Orden de Caza correspondiente al ejercicio 2018-2019 que estaba en vigor. Por tanto, en la actualidad no hay en vigor norma jurídica alguna que permita la caza en Castilla y León de forma legal".
