La anulación cautelar de la orden anual de caza de Castilla y León por parte del Tribunal Superior reafirma la del decreto y supone que "no se puede cazar" en la comunidad con el perjuicio que supone económico, de salud animal o seguridad vial, según la portavoz de la Junta, Milagros Marcos. Tras el Consejo de Gobierno de ayer, informa Efe, Marcos se ha referido al auto, que "no cambia nada" tras la suspensión previa del decreto de especies cinegéticas, de forma que "no se puede cazar ningún animal".

A partir de este momento "no se puede determinar ninguna nueva autorización de caza" en la Comunidad, pero los permisos previos se pueden llevar a efecto, ha explicado la también consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta. Es "un problema para el campo pero no sólo para el mundo rural también para los jardines de las ciudades", ha sostenido en referencia a los conejos.