El último Auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León prohibiendo todo tipo de caza en la región, aunque afortunadamente en sentencia no firme (se puede recurrir), deja estupefacto a cualquier ciudadano con un mínimo de información sobre el tema.
El que suscribe acata, pero no comparte, dicha disposición judicial.
Pacma ha vuelto a ganar en los Tribunales a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
Cuando existen especies plaga, como el conejo en muchos sitios (con graves daños agrícolas y en infraestructuras, en las inmediaciones de muchas autovías y líneas de ferrocarril), el jabalí (con graves daños agrícolas y en las carreteras, con accidentes de tráfico que originan muertos -personas muertas-), ciervos en algunos sitios (con graves daños agrícolas, forestales y en las carreteras), cabra montés en lugares con altísimas densidades (sierra de Madrid), con serios daños en la vegetación y amenaza de enfermedades (sarna), prohibir la caza de forma general -afortunadamente cuando acaba de terminar el aprovechamiento anual de la caza mayor- es difícil de entender. Los perjuicios son reales, no hipotéticos, como dice el Auto Judicial.
Desconozco el trabajo realizado por la empresa contratada para conocer las existencias cinegéticas, la distribución geográfica y la reproducción de las especies de caza en la región, pero las consideradas plaga, producen unos daños muchas veces insoportables por agricultores, selvicultores y conductores en muchas carreteras.
Se podría haber cerrado la caza de algunas especies, pero no de todas; no tiene lógica.
Conviene recordar que la caza es una "materia" (derecho constitucional), cedido a las Comunidades Autónomas; Artículo 148, 11º de la Constitución Española.
La agricultura y la ganadería se equipara a la caza, según el Artículo 148 de la Constitución.
Poner en duda al cazador, es como poner en duda al agricultor o al ganadero.
La caza es una "materia" como la agricultura y la ganadería.
No entiendo que un Auto Judicial pueda ir contra un derecho constitucional aunque sea cautelarmente, esperemos que por poco tiempo.
Afortunadamente no se anula "de forma indirecta" la Ley de Caza de Castilla y León.
Menos mal que uno de los magistrados discrepó de sus compañeros, a través de un voto particular, dando por válidos los informes técnicos sobre existencias, distribución y reproducción de las especies de caza.
Ruego al Poder Judicial que no condene al sector de los cazadores a la insumisión, cuando además en muchos casos son necesarios por el tema de los daños citados.
En el caso de que esta situación se prolongara, los daños económicos serían importantes.
Si esto no se soluciona pronto, habrá cazadores que abandonen la actividad, pero otros "se tirarán al monte" creando posiblemente problemas de orden público.
