“No cesaré en mi empeño en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación”. Desde que F. L. denunciara las agresiones sexuales cometidas por José Manuel Ramos Gordón contra él y su hermano cuando eran alumnos de 8º de EGB en el Seminario Menor de La Bañeza en el curso 1988-89, su empeño es “llegar hasta el final para que ningún niño más pase por nuestro calvario”. Una batalla que le llevó a conseguir la condena, “ridícula”, al abusador. La decepción por la reacción de la Iglesia ante estos deplorables actos no ha hecho más que armar de valor a F. L.

El último paso de su batalla personal ha sido la solicitud al Obispado de Astorga del expediente completo que se abrió e instruyó en el procedimiento. Es una petición al Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Astorga que llevó a cabo el proceso administrativo penal durante el año 2015.

Además F. L. ha enviado una nueva carta al presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, en la que le pide que informe personalmente al Papa (durante la reunión de febrero de 2019 para tratar el problema de los abusos sexuales) “de mi decepción más absoluta sobre cómo se ha llevado a cabo el proceso penal en la Diócesis de Astorga”. Le recuerda que se abrió una investigación “en la cual no se contó conmigo (como primer interesado), en un proceso al que fui llamado sin ofrecerla la posibilidad de contar con un letrado que velara por mis derechos, como sí ocurrió en el caso de mi verdugo; un proceso en el que se me informó de que mi abusador sería juzgado y castigado, de que los que supieron y callaron serían sancionados y las víctimas recibiríamos una reparación”.

Manifiesta a F. L. que durante el proceso me sentí “asqueado, engañado y burlado”, mientras que castigo a “mi verdugo fue un año apartado por abusar reiteradamente de mi hermano y de mi, en dicho periodo se le permitió oficiar misas y recibir homenajes, y quienes supieron y callaron han sido premiados y ascendidos”. La víctima apunta a la reacción de la iglesia en el mundo, con dimisiones de obispos que encubrieron en Chile, expulsiones como el sacerdote Karadima, investigaciones a instancias de la Fiscalía en Estados Unidos y reparaciones a las víctimas. Por todo ello F. L. reclama la revisión de su caso, además de “medidas y acuerdos contundentes para que estos repugnantes actos no se vuelvan a repetir”.

Monseñor Blázquez acudiría a la reunión de Roma en febrero de 2019 como presidente de la Conferencia Episcopal Española.