Los corporativos del Ayuntamiento de Fermoselle acordaron ayer, fuera de sesión plenaria por cuanto que ésta fue suspendida por incumplimiento del plazo de la citación, modificar la ordenanza de limpieza y desbroce de fincas y reducir a 250 metros de la última vivienda los límites de aplicación.
La ordenanza fue aprobada en pleno celebrado el pasado 28 de diciembre, pero aún no definitivamente por cuanto que no ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y pasado el trámite de alegaciones pertinente.
La cuestión de la reducción del perímetro de limpieza y adecuación del estado de conservación medioambiental y sanitaria de los terrenos, fincas y solares, tanto de propiedad pública como privada, estaba marcado en un kilómetro. Esta distancia fue considerada excesiva por los representantes socialistas y de Ciudadanos, y considerada por la Alcaldía, tras un somero debate sobre la existencia de vivienda o inmuebles en pagos apartados del casco urbano o considerados por el catastro como "diseminados", especialmente repartidos por la zona de Santa Cruz y San Lorenzo.
Ante las diferentes consideraciones sobre la perimetración, el concejal Manuel Moya consideró que sería conveniente atender a los consejos de un técnico de Medio Ambiente. Y es que la aplicación de la ordenanza puede afectar, conforme a la distancia, a una parte del término o la inmensa mayoría si se tienen en cuenta las edificaciones dispersar por el municipio.
La modificación será introducida en el texto de la ordenanza de limpieza de terrenos, fincas y solares y sometida a debate a votación en la próxima sesión plenaria.
Ante la suspensión del desarrollo del pleno, el alcalde popular Alejandro Fermoselle indicó que los representantes del grupo no cobrarían la dieta correspondiente, gesto al que sumó el resto de los corporativos.
El pleno fue suspendido tras un debate sobre la normativa. El Equipo de Gobierno, junto con el secretario, defendió la legalidad de la citación del pleno extraordinario, con 48 horas de antelación, pero el portavoz socialista, Miguel Ángel Prieto, apuntó, remitiéndose al articulado legal, que "el día de la notificación no se contabiliza". El secretario reafirmó esta apreciación tras consultar en el móvil la normativa.
El pasado jueves, Ciudadanos presentó un escrito en el Ayuntamiento solicitando la anulación del pleno por incumplimiento en el plazo de la convocatoria. "Nos hemos quedado sorprendidos por el descaro y atrevimiento con el que desde ese Ayuntamiento se incumple la normativa, ya que el artículo 80,4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Localesdice que entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrá transcurrir menos de dos días hábiles, salvo en el caso de las sesiones extraordinarias urgentes".
El Pleno ha sido de nuevo convocado para el próximo miércoles. En el orden del día, además de la citada ordenanza, se tratará sobre el nombramiento del Juez de Paz y el presupuesto inicial del ejercicio 2018, que según los datos mostrados, cuentan con un superávit de más de 200.000 euros.
