09 de febrero de 2018
09.02.2018
Tierra del Vino

Cuatro pueblos de la zona podrán grabar en audio los plenos

El Estatuto del Concejal da potestad a las corporaciones de municipios con más de 1.000 habitantes

09.02.2018 | 09:15
Celebración de un pleno en Morales del Vino.

El estatuto del concejal da potestad a las corporaciones para grabar los plenos en audio en aquellas localidades que superen los 1.000 habitantes

Corrales, Morales del Vino, Moraleja del Vino y Villaralbo son los cuatro municipio de la comarca del Vino que deberán grabar en audio las sesiones plenarias si lo acuerda en pleno la corporación municipal. Es la principal novedad que lanza el anteproyecto de Ley que regula la Conferencia de Alcaldes y presidentes de la Diputación y el Estatuto de los miembros de las entidades locales. El estatuto de concejal incorpora la obligación de la grabación de los plenos según el tipo de entidades locales. Así en las más de 20.000 habitantes se deberá grabar en audio y en vídeo ; en las más de 5.000, en audio. Y en aquellas que superen los 1.000 habitantes, las grabaciones se realizaran en audio siempre y cuando esta medida sea aprobada por la corporación. En los municipios con menos de un millar de personas , que son la mayoría en la zona, no hay obligación de grabar las sesiones plenarias

Moraleja del Vino es pionera en cuanto a esta medida ya que es la única localidad donde los plenos se graban en vídeo desde hace años merced al empeño del pequeño grupo de concejales de Izquierda Unida que luchó en su día por mostrarlos públicamente a la ciudadanía a través de Internet. Una grabación que no se puede seguir en directo pero que es colgada en la web municipal a los pocos días de la celebración del pleno.

El estatuto del concejal también incluye como novedad que los miembros de la entidad local, incluidos los que desempeñan cargos en régimen de dedicación exclusiva , solo podrán recibir indemnizaciones por los gastos ocasionados por el ejercicio del cargo cuando sean efectivos y previa justificación documental , según las normas de aplicación general en las administraciones públicas y las que en este sentido apruebe el pleno. En el anteproyecto de ley se contempla la posibilidad de sanción para aquellos concejales que incumplan reiteradamente con su obligación de asistir a los plenos, sin justificación suficiente, "serán sancionados con una cantidad equivalente a la indemnización dejada de percibir por cada falta de asistencia".

El tercer capítulo, del nuevo documento legal, que deberá someterse al dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León, antes de ser aprobado finalmente por el Consejo de Gobierno recoge como contenidos principales que las sesiones de los plenos serán públicas, es decir, que los ciudadanos podrán asistir a ellos y que los medios de comunicación tendrán derecho a un espacio reservado para poder cumplir con su derecho a la información.

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