La propuesta del Movimiento en defensa de la sanidad pública de Zamora para llegar a un pacto regional que blinde la sanidad rural plantea "un mejor uso" de los recursos destinados a sanidad en Castilla y León, con especial atención a los pueblos. Esta plataforma alerta del desfase que existe entre la realidad demográfica de la Comunidad y la base normativa que regula el funcionamiento de la sanidad, que data de 1991, cuando no existía el Sacyl y las decisiones se tomaban desde el Gobierno central, y cuando la región tenía 77.000 habitantes más, 30.000 de ellos en la provincia de Zamora.
Ese sería la primera causa, consideran, de los problemas que se dan en los consultorios de los pueblos y que abordan en la propuesta que presentaban ayer y que ya han trasladado a procuradores de Izquierda Unida, Podemos y PSOE, los tres partidos con representación en la cámara autonómica que están integrados en esta plataforma. Esta semana los portavoces del movimiento se reunirán también con representantes de Ciudadanos para tratar el tema, más tarde con el parlamentario de UPL y están a la espera de recibir algún tipo de contestación del PP de Zamora, a cuyo presidente provincial enviaron un email el pasado viernes.
Programa de crónicos
Los datos demográficos de Castilla y León reflejan que el índice de envejecimiento ha pasado en estos 25 años del 18.1% al 23.68% de mayores de 65 años, una cifra aún mayor en los núcleos rurales, y el índice de dependencia senil es del 37.28%, diez puntos por encima del resto de España por lo que, apuntan, "se necesita un programa de crónicos que cubra la población del medio rural".
Por otro lado, la propia Junta cuantificaba el déficit de la dotación presupuestaria de la sanidad en 2.000 millones de euros en 2002, cuando asumía las competencias, por ello critican que ahora reduzcan esta partida en 208 millones de euros respecto a 2010. "Mientras gastan gran parte de ese dinero en edificios, pueblos como Bermillo quizás no necesitaban un centro de salud de dos plantas", asevera Jerónimo Cantuche, que incide en el sobrecoste de las obras en los hospitales de la provincia. Las del Virgen de la Concha, presupuestadas en 35 millones, costaron 85 (100 incluyendo los gastos intangibles), las del Comarcal de Benavente, presupuestadas en 15 millones, costaron 25 y en las del Provincial, presupuestadas en 25 millones, llevan ya invertidos más de 35 millones.
Plantilla envejecida
Por último, el sistema sufre un problema estructural como es la elevada edad de la plantilla de médicos en Castilla y León. Un estudio de la propia Junta refleja que más del 40% de médicos de familia tiene más de 50 años, el 27% se habrá jubilado en 2020. En este sentido, ven necesaria una política de contratación de nuevos profesionales que se queden aquí, "pero la Junta ofrece contratos basura y prefieren ir a Madrid, Cantabria o Castilla-La Mancha donde les dan empleo estable", señala Cantuche, quien además recuerda que desde 2014 hay 300 plazas de Atención Primaria pendientes de convocarse.
"Nos jugamos el futuro"
"Médicos hay, pero no quieren venir a Castilla y León", abundaba ayer José Ignacio Martín Benito tras reunirse con los portavoces del movimiento y de las asociaciones comarcales de Campos y Sayago. El procurador socialista por Zamora va a trasladar hoy la propuesta de estos colectivos a su grupo parlamentario. "Estamos hablando de la supervivencia del medio rural", valoraba este parlamentario que ya ha presentado varias mociones "gestadas en la propia plataforma" porque considera necesario abrir un debate sobre el estado de la sanidad en los pueblos. "Juan Vicente Herrera tiene que rectificar lo que ha sido un sonoro fracaso de su política", afirmaba en relación a los recortes aplicados en sanidad. En Atención Primaria se han amortizado 59 plazas de médicos y 37 plazas de enfemería en el conjunto de la región.
La falta de implantación de nuevas tecnologías sería otro problema "que dificulta aún más la atención a los ciudadanos por parte de los profesionales sanitarios", ya que "acceder por Internet a un análisis clínico, pruebas diagnósticas o recibir los resultados del Sintrom es imposible para muchos ciudadanos que viven en pueblos de menos de 5.000 habitantes, la mayoría", refleja el documento.
