El alcalde de Galende, José Manuel Prieto , suscribió ayer el acuerdo de rescisión del contrato con la empresa Aquona, en vigor desde abril de 2013. La empresa renuncia a reclamar o emprender acciones legales contra usuarios con recibos pendientes. La finalización del contrato entra hoy en vigor. Queda pendiente la redacción de la ordenanza y posibles soluciones para compensar a los usuarios que han abonado la prestación del servicio y los usuarios que no dieron de alta el servicio. Con el remanente de 100.000 euros aproximadamente de la tasa de saneamiento se cubrirá la mayor parte de la indemnización, 152.548 euros, por la resolución. La alcaldía abonará cuatro pagos el 30 de junio, el 30 de septiembre y el 31 de diciembre de 2016 y un último pago el 31 de marzo de 2017. La empresa renuncia a reclamar los dos años que quedaban pendientes de cumplimiento del contrato, hasta 2018, y a recibir compensaciones por las mejoras realizadas. No está prevista, en principio, la subrogación de los trabajadores que estaban contratados por la empresa por parte del Ayuntamiento. Aquona se hace cargo de la liquidación e indemnización de esos contratos.

La prestación del servicio público de suministro de agua potable y del servicio de saneamiento y depuración se realiza, a partir del día 1 de abril, mediante recursos propios y de forma directa, ante la nueva situación y con la salvedad de la encomienda de gestión que existe con la empresa pública Somacyl en la gestión del sistema de depuración, en base al acuerdo de pleno adoptado previamente con 6 votos a favor.

El portavoz del grupo Popular en Galende, José Antonio Sánchez García, sale al paso para aclarar que "si los errores se cargan al PP, los posibles aciertos, si los hay, son del PP, pues todas mis actuaciones cuentan con el conocimiento y aprobación de la Dirección Provincial". Todo el municipio de Galende "se felicita por el acuerdo alcanzado, pero que nadie se llame a engaño, esto solo es el comienzo de un largo camino, que nos queda a los miembros del Ayuntamiento". El representante de los populares pide a los vecinos, su colaboración futura, para poder llegar a un entendimiento.

Sánchez no comparte las afirmaciones de que la empresa se marcha "por la fuerza que han realizado los que se han negado a dar de alta. Podría esgrimir el mismo criterio para decir, que esto nos ha encarecido el recibo a los que admitimos la Ordenanza del agua" como una de las obligaciones que cumplen los vecinos de acuerdo a la ley.

Este desenlace sobre la gestión del agua "lo provocamos desde la oposición y no fue muy comprendida por algunos vecinos que nos acusaron de insolidarios con el equipo de gobierno. Queda demostrado que la postura acertada era la nuestra", y que no fue otra que utilizar todas las vías para el rescate del contrato, ya que ni la vía la judicial sería gravosa para el Ayuntamiento, utilizando los servicios jurídicos de la Diputación. Para el PP la "sorpresa" no es tal, ya que las negociaciones fueron más de las que algunos puedan pensar y la recopilación y aportación de datos "nos llevó más tiempo de lo muchos piensan". Nada se produce por generación espontánea.

La indemnización de 152.458 euros se pagará con una cantidad que la concesionaria tiene en su poder a la finalización de la facturación del trimestre actual por depuración. Esta cantidad ha sido recaudada a los vecinos dados de alta en el padrón de agua. Con esto "quiero denunciar el doble agravio comparativo, al que se nos somete, a los que pagamos el agua y ahora indemnizamos a la concesionaria con un impuesto que ha recaído solamente sobre nosotros, una parte de la población". Una situación de desequilibrio que "espero sea subsanada con urgencia y medidas firmes".

Sánchez reiteró su "felicitación al alcalde por este acuerdo, mi agradecimiento al portavoz de Ahora Decide, por su aportación profesional y horas de trabajo y a la empresa Aquona, que desde la discrepancia, fueron razonablemente comprensivos".