Los concejales de Galende dejaron sobre la mesa la propuesta de resolución del contrato de agua y saneamiento con la empresa Aquona presentada por el alcalde y el grupo socialista. El acuerdo quedó aplazado a instancias del portavoz de Ahora Decide, José Rodríguez Ballesteros, hasta obtener sendos informes de la Diputación Provincial y el Consejo Consultivo de Castilla y León sobre la viabilidad de minorizar la indemnización en vías de negociación o vías alternativas de resolución del contrato, incluidas las judiciales. Todos los grupos estuvieron de acuerdo en el fondo, resolver el contrato y aliviar la carga de las tasas a los vecinos contribuyentes, pero no en la forma.

A la negociación bilateral, Ayuntamiento-empresa, se sumarán ahora los portavoces de Ahora Decide y PP. Si los concejales no tienen dudas en recuperar la gestión, tampoco hay dudas de la empresa por marcharse de este Ayuntamiento, como se trasluce del pleno y los comentarios en este sentido desvelados de las conversaciones.

El PSOE, con los informes jurídicos y de intervención, justificó su propuesta para agilizar la resolución del contrato e indemnizar con 266.735 euros a la empresa, con la que ha mantenido negociaciones en los últimos meses. El alcalde socialista, José Manuel Prieto, se mostró reacio a emprender un proceso judicial "que retrasaría la solución de problema y un aumento de los gastos". La oposición rechazó la propuesta de indemnización y no descartó ninguna vía, ni la de rebajarla por el incumplimiento del servicio. La reclamación inicial de la empresa era de 313.380 euros.

Prieto justificó la propuesta "para poner fin a este problema que data desde 2013" que "perjudica y grava a todos los vecinos". Recalcó que los vecinos que pagan el servicio abonan su propio consumo y no el de los usuarios que no han dado de alta el servicio, entre los que se incluye el propio alcalde y buena parte de los miembros de la Corporación. "El que nosotros no paguemos no quiere decir que repercuta en reducir la factura de agua. Las tasas son las que se hay aprobadas" con la mayoría absoluta de corporación anterior con mayoría absoluta pero que ahora toca resolver al Gobierno actual.

José Rodríguez Ballesteros, de Ahora Decide, rechazó una medida precipitada hasta que no se evacuen los informes al entender que la cantidad a indemnizar es muy inferior a la que reclama Aquona. Así, no se empezaron a cobrar los recibos hasta el mes de septiembre de 2013, con el alta gratuita de los usuarios hasta ese mes. Los recibos impagados entre 2014 y 2015 no deben cargarse a la indemnización del Ayuntamiento, ya que la concesionaria no activó ningún mecanismo legal de cobro, de acuerdo a la ordenanza.

Para el calculo indemnizatorio es necesario que la empresa aporte el total de los cuatro trimestres, ya que solo a porta dos, y en su defecto tomar como cálculo estimatorio los datos de cobro de 2014. Sobre la indemnización cabe un descuente por posibles incumplimientos de Aquona en la prestación del servicio.

El PP por su parte incidió en el doble castigo que van a recibir los contribuyentes que sí han pagado el servicio, cuando la propuesta de alcaldía conlleva que los casi 100.000 euros recaudados por la empresa en concepto de depuración se destine a cubrir la indemnización, a costa solo de los tributarios reales.

Para el portavoz, José Antonio Sánchez García, es la empresa la que tiene que resolver sus problemas "se le puso una concesión, unos usuarios y unas tasas" y si todos hubieran pagado "la empresa tenía superávit". En este caso fue el concejal socialista quien defendió la negativa de los vecinos que no instalaron contadores y fueron denunciados ante el Juzgado. El Ayuntamiento no es responsable de que la empresa haya facturado 158.000 euros frente a los 225.000 euros que esperaba recaudar.