La Delegación Territorial de la Junta está elaborando un informe con una evaluación individualizada de daños, para trasladarlo a la Consejería de Agricultura que, «en principio», estaría dispuesta a estudiar posibles medidas de compensación a los ganaderos damnificados por el incendio de Villardiegua de la Ribera y Villadepera. Así se lo transmitió ayer el propio de delegado, Alberto Castro, a los responsables de la Alianza por la Unidad del Campo, Miguel Blanco (Coag) y Aurelio González (UPA) durante la reunión en la que los representantes agrarios plantearon la necesidad de que la Junta establezca una línea de ayudas por los daños sufridos por los ganaderos.
La Alianza defiende que las ayudas «deben compatibilizarse con otras que pudieren establecerse, y nunca condicionadas al hecho de tener seguros de explotación o instalaciones, y que cubran hasta el cien por cien de los daños soportados». Según su opinión, podrían ser ayudas a través del Fondos de Contingencias o una partida similar.
En la reunión también se planteó la excepcionalidad de este incendio a la hora de no aplicar la Ley de Montes, que prohibe el pastoreo en zonas quemadas durante un periodo de cinco años. Los responsables agrarios consideran «imprescindible» establecer esa excepción, puesto que sería «enormemente injusto y gravoso para los ganaderos que por una falta de asignación de pastos pudieran perder también las ayudas PAC del año 2014».
En ese sentido, la Administración territorial «parece que va a dar una solución satisfactoria compatibilizando la Ley de Montes con la asignación y aprovechamiento de los mismos, de tal manera que los ganaderos afectados tengan acceso a las ayudas de la PAC y otras vinculadas a superficie forrajera».
Alberto Castro se comprometió ayer ante los responsables agrarios a dar respuesta a estas medidas «a la mayor brevedad posibles y mantener un seguimiento permanente con la Alianza y con los propios ganaderos». Ya en su visita a Villardiegua de la Ribera el propio delegado de la Junta adelantó la decisión de no aplicar la Ley de Montes y autorizar así el pastoreo en las zonas quemadas, entre otras razones por el origen del incendio totalmente ajeno a los ganaderos, ya que llegó desde Portugal.
