Las entidades locales actuaron con responsabilidad fiscal, según Amilivia

El presidente del Consejo de Cuentas recomienda prudencia ante un escenario de estabilidad presupuestaria y reglas de gasto

El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, en primer término. |  ICAL

El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, en primer término. | ICAL / Ical

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El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, afirmó ayer que las entidades locales de Castilla y León actuaron con responsabilidad fiscal en la ejecución de los presupuestos de 2020 y 2021, sin aumentar la deuda y cumplieron con el pago a proveedores, pese a la suspensión de las reglas de gasto con motivo de la pandemia de COVID.

Amilivia presentó en la Comisión extraordinaria de Economía y Hacienda el informe "Análisis del impacto en la situación económico-financiera del sector público local de Castilla y León de la suspensión de las reglas fiscales, ejercicios 2018-2021" en el que, en función de las cuentas rendidas, se fiscaliza a los ayuntamientos de las capitales, diputaciones y los otros catorce ayuntamientos mayores de 10.000 habitantes. Los niveles de endeudamiento de las principales entidades locales no aumentaron a raíz de la pandemia COVID-19, ni como consecuencia de la consiguiente suspensión de las reglas fiscales, manteniéndose dentro de los límites de la normativa reguladora de las haciendas locales. Al cierre de 2021, el remanente de tesorería para gastos generales agregado de los ayuntamientos y diputaciones ascendió a 1.319 millones. Con carácter general, a pesar de la suspensión de las reglas fiscales, las entidades locales han actuado con responsabilidad fiscal en la ejecución de los presupuestos de 2020 y 2021.

Diputación de Zamora

La deuda de las diputaciones con respecto a sus ingresos se sitúa en niveles muy moderados a fin del ejercicio 2021, que van desde el 0 por ciento de la de León, Soria y Zamora y el 1,1 por ciento de la de Salamanca, al 32,8 por ciento de la de Burgos, muy lejos en todo caso de los límites legalmente previstos.

Finalmente, recomendó que todos los ayuntamientos y diputaciones deberían actuar con una especial responsabilidad fiscal en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2023 y en la aprobación del presupuesto de 2024, teniendo en cuenta la perspectiva de recuperación de un escenario de estabilidad presupuestaria y regla de gasto.