El PP y el PSOE se alejan del pacto por la mejora de la Sanidad

Ángeles García rechaza por "obsoleta" la moción presentada por el socialista Jesús Puente como "base" para el acuerdo

El presidente Mañueco con el consejero Gerardo Dueñas en el pleno de las Cortes

El presidente Mañueco con el consejero Gerardo Dueñas en el pleno de las Cortes / Rubén Cacho

Ical

Los grupos popular y socialista se cruzaron ayer acusaciones de "electoralismo" con las que alejaron la posibilidad de alcanzar un pacto por la mejora de la Sanidad, como ofreció de manera oficial el titular de esta Consejería, Alejandro Vázquez. La moción socialista de 30 puntos, presentada como "base" para el acuerdo, fue rechazada por los populares por entender que es "obsoleta" y está "cumplida".

El pleno de las Cortes arrancó ayer miércoles con el debate del texto de la oposición socialista, defendido por Jesús Puente como un punto de partida para el acuerdo, pero se encontró con la posición en contra del PP, expresada por la procuradora María Ángeles García, a la que se sumó Vox, a través de Javier Teira.

Puente recordó que la oferta del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, de un pacto por la sanidad se toma "muy en serio" por el grupo socialista y presentó su moción como "un guion" para llegar a un acuerdo, en el que se recogen materias que están por cumplir. García ofreció una enmienda genérica para afrontar los problemas de la sanidad desde el diálogo, "sin excusas ni chantajes previos", que no fue aceptada por el proponente.

Así, el debate se desarrolló con duras palabras de García hacia la oposición socialista, a la que acusó de haber roto el acuerdo existente durante la pandemia y de colocarse "detrás de la pancarta", mientras que Puente, que recibió el apoyo de Podemos y UPL-Soria Ya, insistió en el deterioro de la sanidad con el Gobierno de PP y Vox.

En la moción de 30 puntos se recogen un fondo de 250 millones, un plan de refuerzo de la Atención Primaria con más profesionales y medios, ejecutar las inversiones sociales prioritarias en centros de salud y hospitales, desarrollar el decreto de zonas de difícil cobertura o poner en marcha un plan de choque de las listas de espera, entre otros.

"Estas son las propuestas para sentarnos", remató el procurador socialista, a cuya moción se presentó una enmienda del grupo popular defendida por María Ángeles García, quien consideró que el texto no aporta nada, rechazó que haya recortes en la sanidad, afirmó que Castilla y León es la comunidad con menos gasto en conciertos y acusó a los socialistas de "mentir".

García argumentó que la sanidad es "una prioridad" para la Junta con un presupuesto que representa el 34% de las cuentas de Castilla y León y pidió al Gobierno de Sánchez que "haga su trabajo" ante el déficit de profesionales. "Este pacto está cumplido", replicó a la propuesta socialista.

"Una moción con propuestas obsoletas, que están cumplidas, es un chantaje; ustedes no quieren sentarse, prefieren la pancarta", acusó a la oposición socialista, para presentar la enmienda en la que se ofrece diálogo y mano tendida para afrontar la negociación "sin excusas ni chantajes y sin condiciones previas que permitan alcanzar un pacto por la sanidad". En su réplica, Puente, que lamentó "la agresividad" dialéctica de la procuradora del PP, argumentó que las propuestas no son "obsoletas" ni están "cumplidas" y afeó que se ofrezca un pacto para "después echarnos a los perros", a la vez que subrayó que no ponen "ninguna línea roja" para alcanzar un acuerdo. "No es una agenda cerrada, es una base para el pacto", aseveró.

Javier Teira (Vox) lamentó que el sistema de salud esté fragmentado en 17 autonomías, calificó de "mendaz y electoralista" la moción socialista por plantear su aprobación para alcanzar el pacto, y se detuvo en una serie de datos, como el número de camas, la reducción en la lista de espera o el bajo gasto en conciertos. "Ni recorte ni privatización, mentiras", zanjó, para defender una tarjeta única sanitaria.

El parlamentario acusó al grupo socialista de "invasión" del artículo de la Constitución que recoge la objeción de conciencia de los profesionales por cómo plantea en la moción la interrupción voluntaria del embarazo, en la que se recoge un plazo de tres meses para incluirla en la cartera de todos los centros hospitalarios públicos y contar con un registro actualizado de objetores en el plazo de tres meses.

La moción recibió el respaldo sin fisuras a la treintena de puntos del procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, quien consideró que las propuestas tratan de reforzar la sanidad pública de Castilla y León, "deteriorada", en su opinión, por el Partido Popular y Vox. "Votar en contra de esta iniciativa es manifestarse en contra de la sanidad pública", resumió.

José Ramón García (UPL-Soria Ya) manifestó que muchos de los puntos son incumplimientos, como las unidades de radioterapia, y afirmó que no se puede estar en contra de la mejora de la sanidad, defendió más recursos ante hospitales en "un estado lamentable".

Las Cortes piden que se suspenda el fin del coche de combustión en el 2035

Las Cortes de Castilla y León aprobaron ayer con los votos de PP y Vox una iniciativa que pide instar a la Junta para esta requiera al Gobierno de España que se alinee con países como Alemania para que se suspenda en el marco de la Unión Europea el plazo límite para la prohibición del coche de gasolina y diésel, fijado en 2035. Esta iniciativa, presentada en forma de proposición no de ley por el portavoz del grupo popular, Raúl de la Hoz, ha contado únicamente con el apoyo de su socio de gobierno Vox, mientras que el grupo UPL-Soria Ya se ha abstenido y el resto de la Cámara ha votado en contra. Además de suspender este plazo, la propuesta también ha pedido que se abra un debate para analizar los efectos de la reestructuración que sufrirá el sector, al tiempo que también ha instado a postularse en contra de obligar a los fabricantes a tener que afrontar grandes inversiones a corto plazo para conseguir una reducción de las emisiones en este horizonte de doce años. "No estamos en contra del calendario, sino del modo y la velocidad", ha argumentado el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, que ha indicado que los populares están alineados con la postura de países "poco sospechosos de ser radicales" como Alemania y Portugal en este sentido, es decir, en apoyo del sector de la automoción, algo que "debería de hacer España al ser el segundo productor de la unión". Por ello, el popular ha tachado de "absurda y ridícula" esta medida que genera una "inestabilidad insoportable" en el sector que da empleo a 40.000 personas en Castilla y León, según recoge Efe.

Rechazo a la ayuda para los alimentos de los celíacos

El pleno de las Cortes de Castilla y León, con los votos en contra de PP y Vox y a favor de toda la oposición, rechazó ayer la petición socialista de una línea de ayuda directa a los enfermos celíacos, unos 25.000 en la comunidad, para la compra de productos sin gluten, que podría llegar a un máximo de 800 euros al año en función de la renta. La socialista Rosa Rubio presentó la proposición no de ley con el recordatorio de las comunidades en las que se cuenta con una línea concreta ante el encarecimiento de esos alimentos en la cesta de la compra, en un argumento recogido por el resto de los grupos de la oposición para respaldar la medida, a la que se opusieron PP y Vox que trasladaron la misma al Gobierno, según informa Ical. En concreto, planteó habilitar una línea de ayudas para las personas afectadas por la enfermedad celíaca antes de finalizar el primer semestre de 2023, para que puedan hacer frente a la compra de alimentos, con una cuantía en función de los miembros de la unidad familiar que lo requieran y del nivel de renta de estas, con un mínimo de 150 euros y un máximo de 800 euros al año, con la enmienda de Podemos. "¡Vaya cinismo, señores del PSOE!", arrancó la procuradora de Vox María Luisa Calvo, que argumentó que la culpa de la subida de precios es del "Gobierno socialcomunista" y criticó que se pida a las comunidades "una paguita" para solucionar el problema causado por el Ejecutivo central con el incremento de la inflación, que se eleva en el caso de los productos sin gluten.