El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, reclamó hoy al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España para que piense más en el medio rural con la problemática del lobo y no tanto en La Moncloa y La Castellana. “El problema es que el Gobierno de España ha endurecido el régimen de protección que la propia presidenta de la Comisión Europea duda que sea el adecuado, por lo que habría que flexibilizar y dulcificar”, aseveró. En este sentido, lamentó que el Ejecutivo central camine en “sentido contrario” a las instituciones europeas y haber endurecido, con la orden ministerial, para poner el régimen del sur al norte. 

El consejero recordó, según recogió la Agencia Ical, que la Eurocámara adoptó la semana pasada una resolución “muy importante”, que recoge “prácticamente” de los planteamientos que hacen las comunidades autónomas del noroeste de España como Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León. Una resolución que instaba a la Comisión Europea para flexibilizar y modificar el tratamiento del lobo y otros grandes carnívoros como el oso y su protección, a causa de los daños que causan a la cabaña ganadera en muchos países. El Parlamento europeo también hacía referencia a que el régimen jurídico de estas especies no era el “adecuado” y, por lo tanto, pedía una “reacción” a la Comisión Europea.

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Además, Suárez-Quiñones hizo referencia a la carta “muy importante” de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, donde reconoce que los lobos han vuelto a territorios donde hace años no estaban, con un crecimiento de las poblaciones y que provocan “desafíos” por el daño a la ganadería y peligros a las personas. Es por ello que daba instrucciones a los servicios de la Comisión para valorar si el régimen de protección que tiene el lobo en la directiva europea es el “adecuado”. 

Por último, el consejero reclamó al Gobierno que no remita a Europa datos “erróneos” por que aseguró que el informe obvia que el lobo está en expansión y no en regresión, tal y como sostiene la ministra Teresa Ribera. Además, aprovechó para reiterar que pague los 8,8 millones de euros que adeuda a la Junta por que es un dinero de los ganaderos de la Comunidad, tal y como se acordó en conferencia sectorial. En este sentido, consideró que Galicia y Castilla y León son las únicas comunidades que no han recibido ese dinero por “razones políticas”.