La Alianza UPA-COAG convocará manifestaciones en todas las provincias como rechazo a la gestión del lobo que se hace desde la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.
Las dos organizaciones agrarias ya trabajan en la elaboración de un calendario de actos de protesta en las próximas semanas, eventos en los que pedirán el control de las poblaciones de lobo e indemnizaciones que compensen “íntegramente todos los daños ocasionados, de manera ágil y justa”, ha dicho la Alianza en un comunicado en el que ha añadido su exigencia de que se simplifique el procedimiento de extracción de ejemplares especialmente conflictivos.
La Alianza ha recordado que en Castilla y León se registra un ataque de lobo al ganado cada tres horas, pérdidas “cuantiosísimas” que en muchos casos no disponen de indemnizaciones: “Ministerio y Consejería de Medio Ambiente se desentienden del problema, enzarzados en su particular guerra política de desgaste”, han expresado desde la Alianza.
Y es que los representantes de los ganaderos sostienen que “la Junta tiene capacidad normativa para establecer indemnizaciones tanto al norte como al sur del Duero. Por ello, no debe escudarse en el vacío legislativo originado por la inclusión del lobo en el Lespre (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas)”.
Desde la Alianza sostienen que la Junta de Castilla y León “tiene competencias para abonar dichas ayudas con rapidez”, práctica que “no está haciendo”, añaden, y señalan a los ganaderos como principales víctimas de esta gestión, que quedan “en una indefensión irresponsable”.
La Alianza señala la avalancha de casos que día tras día se suceden en toda Castilla y León y que en el caso de Zamora, se ha agravado tras los incendios, como ha sido el caso de un ganadero de Codesal, que “sufrió el tercer ataque desde los incendios del verano pasado”, informan.
Esta lobada se produjo en el interior de una parcela “que cuenta con todas las medidas preventivas recomendadas”, ha explicado la Alianza sobre las condiciones de la explotación, en la que había un doble vallado de dos metros de alto coronado con alambre de espino, perros mastines y que se encontraba cerca del núcleo de población. Por su parte, la Alianza concluye que este tipo de ataques demuestran que “solo las medidas preventivas no son suficientes, y que es imprescindible hacer una labor de control de las poblaciones de lobos”.
Las organizaciones agrarias UPA y COAG han acusado la “falta total de respuesta” desde la protección del lobo desde el Ministerio, y recriminan a la Consejería de Medio Ambiente “que tampoco puede escudarse en este hecho para desentenderse de sus propias responsabilidades y dejar en terreno de nadie a los ganaderos”.
Recuerdan que la Junta de Castilla y León tiene legitimidad para reclamar al Ministerio el dinero consignado para prevenir y compensar los daños que ocasione el lobo, pero también tiene competencias para actuar y desarrollar legislación propia.
La Alianza UPA-COAG califican como “inadmisible” la “inacción” de las administraciones en materia de lobo, y advierten que esta gestión lleva “al abandono de la ganadería extensiva”, que actualmente es la actividad agraria que mantiene más población en el medio rural, el pastoreo contribuye a mantener la biodiversidad y a eliminar pasto y maleza de los montes.
