El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, recordó ayer que el Gobierno autonómico no es competente para plantear la reapertura de Garoña, ya que se trata de una cuestión que “es decisión de sus propietarios”.
En la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno, celebrada ayer en las Cortes por coincidir con el pleno del Parlamento de Castilla y León, y ante la pregunta sobre el posicionamiento de la Junta ante la posibilidad de reapertura de la central, solicitada en su momento por el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Carriedo matizó que “no se trata de verla con buenos o malos ojos, sino de una tramitación que no se ha presentado ni sabemos si los promotores desean hacerlo, así que no podemos prejuzgarla”.
“Sería adelantar acontecimientos”, continuó esgrimiendo el portavoz, que reiteró que “tienen que ser los propietarios los que decidan” porque “no nos corresponde a nosotros hacer la inversión, ni promover la iniciativa ni plantear el proyecto” para cumplir la normativa y reabrir la central, labor que deben hacer los propietarios “si así lo deciden, siempre siguiendo los trámites y la valoración por parte del Consejo de Seguridad Nuclear”.
Carriedo consideró “lo más urgente” que el Gobierno contemple la propuesta realizada por la Junta de Castilla y León para prolongar la vida útil de las centrales nucleares aún en funcionamiento, y que se debatirá en la Conferencia Sectorial de Energía en la que participa el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno autonómico.
“Sería bueno no cerrar ninguna y aumentar la vida útil de las ya existentes”, expuso Carriedo en los instantes previos a su participación en la Conferencia Sectorial de Energía, ya que “ahora España no puede reducir su capacidad de generación de energía cuando es deficitaria” y cuando, dentro del contexto europeo, “16 de los 17 países afectados por la reducción de energía ya han anunciado la prórroga de las centrales nucleares”.
Por ello, desde la Junta se animó al Gobierno a que “lo considere”, así como la posibilidad de reabrir aquellas centrales de carbón donde “sea técnicamente viable”, especialmente en relación a aquellas donde “han dejado de funcionar hace apenas unos meses y todavía es viable volver a ponerlas en marcha y suministrar energía a la red”.
Reconoció, no obstante, Carriedo que no conocía si era el caso de alguna de las centrales de carbón de la comunidad “pero sí el de otras donde se ha venido suministrando energía hasta hace pocas semanas o meses”. Y es que “podría ser útil producir energía por esta vía con carácter temporal, debido a los problemas no solo de precios sino de aseguramiento de suministro, y sin perjuicio de avanzar hacia una economía limpia y sostenible”. En todo caso, también desveló que, al respecto, no han obtenido interés en ese sentido por ninguna empresa del ámbito de Castilla y León.
Contingencia energética
También, Carriedo se refirió al resto de medidas planteadas en el documento enviado hace dos semanas al Gobierno de España de cara a la Conferencia Sectorial de Energía, donde se debatirán las iniciativas que se incluirán en el Plan de Contingencia Energética para el país.
En ese sentido, apuntó que ya antes de la reunión, el Gobierno “ha tenido un cambio de actitud” y ha considerado “propuestas de comunidades y partidos” entre las que se encuentran dos de las planteadas por Castilla y León.
En concreto, se trata de la bajada del IVA para el gas y de la extensión de los apoyos para las industrias de cogeneración, que en un principio habían sido excluidas. “Es positivo que el Gobierno pueda consultar a las comunidades y que esta participación se realice antes de tomar las decisiones para que estas propuestas sean un hecho”, concluyó.
Explicaciones sobre el Twitter de Medio Ambiente
El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, recordó ayer, al ser preguntado sobre la exención del IVA en el contrato de servicios adjudicado a una empresa para la realización de la comunicación a través de las redes sociales de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que “la obligación tributaria es de la empresa, no de la Administración”. “Es la empresa la que tiene que saber su obligación tributaria en el pago del IVA, como sujeto pasivo y como ente que realiza el servicio, no la Administración autonómica”, aseguró Carriedo.
