La Junta de Castilla y León cumplirá en su “integridad” la nueva ley del aborto que prepara el Gobierno cuando se apruebe, si bien su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, criticó que se utilice cuestiones éticas y morales, como la interrupción del embarazo, de “cortina de humo” para ocultar los problemas “reales” de la sociedad y la “incapacidad” del Ejecutivo central para ofrecer soluciones.
En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo aseguró que la Junta no conoce el contenido “preciso” de la norma, cuyo anteproyecto analizó este martes el Consejo de Ministros, pero insistió en que la nueva ley, cuando se apruebe por las Cortes, se aplicará en Castilla y León, como ocurre en la actualidad.
Este jueves, el portavoz fijó la posición de la Junta después de que el vicepresidente, Juan García-Gallardo, publicara un mensaje en Twitter en el que aseguraba que el Gobierno de España tendría a la Junta “enfrente”. Fernández Carriedo indicó, ante la insistencia de los periodistas, que cada partido expresará su opinión durante el tramite parlamentario que seguirá el proyecto del ley sobre el aborto.
Al respecto, el portavoz indicó que no le corresponde “autorizar”, ni “desautorizar” a ningún miembro del Gobierno autonómico y señaló que siempre es positivo que las personas expresen sus opiniones. No obstante, recalcó que el objetivo que persigue el gabinete de Pedro Sánchez es “distraer la atención de los problemas reales” y ocultar su “propia incapacidad” de poder gobernar. Por ello, recalcó que se trata de “un problema del Gobierno y no de la gente”, con el que se trata de “desviar la atención”.
Por ello, el portavoz de la Junta recalcó que el Gobierno de la comunidad considera que hubiera sido positivo esperar a que el Tribunal Constitucional emitiera su sentencia sobre el recurso presentado contra la norma de 2010, con el fin de que el nuevo texto cuente con todas las “garantías constitucionales”. Además, señaló que se ha acelerado este proyecto normativo para “evitar que la sociedad hable de lo que verdaderamente le está preocupando”. El portavoz garantizó a los profesionales sanitarios el respeto a su derecho a la objeción de conciencia en la comunidad, que recalcó está reconocido por ley en las cuestiones morales.
Por ello, el portavoz de la Junta indicó que se practican abortos en los centros donde es posible llevar a cabo esta intervención y añadió que en el caso contrario, se buscan “fórmulas” para garantizar el derecho al aborto en centros privados, como ocurre en la provincia de Soria. Fernández Carriedo aseguró desde un punto de vista personal, y como miembro de la Junta, que no se debería excluir a los padres de las menores de 16 años de la decisión de abortar, porque en su opinión sería “bueno” que tuvieran la “oportunidad” de acompañarlas en unos momentos “tan delicados”.
