Uno de cada diez castellanoleoneses (9,4%) se encuentra actualmente en situación de exclusión social severa, mientras que un 8,4% lo están de forma moderada. En total, un 17,9% de la población que estaba en este escenario en 2021, lo que supone 4,4 puntos más que en 2018, cuando el porcentaje era del 13,5%. Trasladado a cifras absolutas y teniendo en cuenta los datos del padrón continuo conocidos este lunes, esto significa que algo más de 425.000 personas de Castilla y León está en situación de exclusión social, 224.000 de ellos de carácter severo.
Es una de las conclusiones de “Evolución de la cohesión social y consecuencias del COVID-19 en España”, la radiografía social que ha provocado la crisis del coronavirus elaborada por Cáritas y la Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y de la Sociología Aplicada). De hecho, según estos datos, la crisis social generada por la pandemia ha golpeado directamente a las clases más bajas. En el caso de Castilla y León, crece el porcentaje de población afectada por problemas en casi todas las dimensiones, salvo la educación y la salud, si bien ese incremento es muy superior al del conjunto del país, únicamente en el caso de las dimensiones política y de aislamiento social. El mayor incremento se produce en el caso de la exclusión del empleo, que crece en casi diez puntos porcentuales, debido al incremento en el porcentaje de hogares cuya persona sustentadora principal está en paro desde hace un año o más o en situación de inestabilidad laboral grave.
Conseguir ropa
Así, un 9,2% se vio obligado a acudir a familiares y entidades para conseguir ropa, alimentos e incluso pedir dinero (el doble que en el anterior informe, que fue del 4,5%), lo que resalta el golpe de la pandemia, mientras que un 0,4% está afectado por falta de fuente de energía de forma habitual, nueve décimas menos, a pesar del incremento del precio de la luz. Entre otras características, en Castilla y León más de la mitad de los hogares en situación de exclusión social (53,2%) están sustentados de forma principal por miembros de nacionalidad extranjera. Otro de los puntos que más preocupa es que casi uno de cada cinco (17,5%) cuenta con menores de edad, y un 24%, con jóvenes de entre 18 y 29 años. También, una cuarta parte de los hogares en este escenario está sustentado económicamente por una mujer y un 85% por personas en paro. En un 5,6% de ellos reside al menos un mayor de 65 años y uno de cada tres son hogares monoparentales. En España, la tasa de exclusión es superior a la media de la comunidad. Así, pasó del 18,4% de españoles en exclusión social hace cuatro años al 23,4% de 2022.
El informe constata que las tasas de exclusión más elevadas se dan las comunidades mediterráneas y Canarias, mientras que las más reducidas son las del centro y el norte de la Península, con especial incidencia en Asturias, País Vasco y Castilla y León. Igualmente, el documento evidencia que frente al 17,9% de población en exclusión social, ya sea severa o moderada, hay un 82,1% de habitantes que se encuentran integrados. Si se ahonda en estos datos, el 49,7% de los residentes en Castilla y León (49,7%) se beneficia de una integridad plena, mientras que un 32,4%, integración precaria.
Solo dos comunidades autónomas tienen un porcentaje de integración plena mayor que el de Castilla y León: País Vasco, con el 57,7% de su población, y Asturias, con el 54,9%. La media nacional en este criterio es del 42,2%, mientras que para la integración precaria es del 34,4%
Además del porcentaje de población en situación de exclusión social, hay otro porcentaje incardinado en el riesgo de pobreza. Es decir, que hay otro 27,8% de castellanoleoneses que está muy cerca de caer en ese escenario de pobreza, un dato que supone 6,4 puntos más que en 2018.
Otro dato relevante es la presencia de rentas mínimas en las comunidades autónomas. En Castilla y León actualmente se contabilizan, según el informe, 11.526 rentas mínimas y otras 15.685 correspondientes al Ingreso Mínimo Vital (con fecha de septiembre de 2021), aprobado al inicio de la pandemia. Las primeras han sufrido un descenso de alrededor de 1.500 prestaciones, si bien las segundas se han duplicado desde diciembre de 2020. Los descensos más significativos de rentas mínimas se dan, precisamente, en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Ceuta y Melilla, si bien el informe matiza que “resulta difícil saber si se deben al trasvase de perceptores de una a otra prestación, a problemas de gestión durante la pandemia o a cambios en la correspondiente prestación autonómica”.
