El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, tildó ayer de “auténtico disparate” los peajes que estudia implantar el Gobierno en las autovías y manifestó que es un “nuevo perjuicio” a la comunidad. “No sabemos muy bien qué les hemos hecho a este Gobierno”, afirmó el vicepresidente en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno y añadió: “No sabemos de qué somos culpables”.
En ese sentido, el vicepresidente argumentó que esta medida del Gobierno perjudica a quienes tienen más kilómetros de autovías, así como a los territorios más dispersos, como Castilla y León, donde es necesario desplazarse. “Esta es la manera de ayudarnos a enfrentarnos del reto demográfico”, apostilló.
Al respecto, recordó que mientras la Junta pide que se financien los servicios que se prestan al territorio, debido a que la extensión determina el coste, el Gobierno decide que eso lo asuman los 2,4 millones de habitantes, en la misma medida que lo hacen en otras comunidades seis millones.
Asimismo, Igea aseguró que es una “incoherencia”, porque el mismo Gobierno, que a su juicio suprime los peajes dependiendo de “donde necesita votos” para aprobar los presupuestos, traslada estos pagos a las autovías “a todos los ciudadanos. “Es lo menos progresista”, continuó el vicepresidente, que recordó que es, en definitiva, un nuevo impuesto directo.
“Ataca al medio rural, a las clases medias y bajas y a las pymes”
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, cargó ayer contra la posibilidad de cobrar peajes en autovías, tal y como plantea el Gobierno para aplicar a partir de 2024, porque es una medida que “ataca al medio rural, a las clases medias y bajas y a las pequeñas y medianas empresas”. Suárez-Quiñones, en declaraciones recogidas por Ical, ratificó que la posición de la Junta “es de total oposición” y recordó que “este ataque al medio rural afecta a la movilidad, un elemento esencial para el acceso a los servicios públicos básicos”. “Mientras la Junta está liberando el pago al transporte público en el medio rural, el Gobierno los pone donde no los hay”, lamentó.
Además, incidió en que se trata de un abono “injusto”, porque se plantea de forma igualitaria”. “A la gente que tiene dinero no le importará hacer un pago de esta naturaleza, pero para quienes tienen recursos limitados es un abono insostenible, inasumible e intolerable”, reprochó. A su juicio, el coste del mantenimiento de las autovías debe ir con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), con una “adecuada administración de las cuentas”. Por ello, instó a “no utilizar gastos superfluos” e ir directamente al mantenimiento de unas autovías que calificó de “muy descuidadas”. “Ajústese la administración de los recursos públicos para el mantenimiento de las autovías. Pero no les carguen por un repago de algo que debe ir a los presupuestos”, aseguró.
Las estaciones de servicio auguran un incremento de la siniestralidad en carreteras
La Federación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Castilla y León (Fereclaes) considera un error aplicar una tasa al uso de las autovías, y auguró que se va a derivar el tráfico a carreteras convencionales y nacionales, incrementando la siniestralidad. En un comunicado recogido por Ical, subrayan que “desde el sector exigen seguridad jurídica y certidumbre”, ya que “han realizado fuertes inversiones en transformación energética y digital para adaptarse al desarrollo e implantación de energías menos contaminantes, y ahora, si se termina aplicando esta tasa, el tráfico se derivará hacia otras vías”, algo que “puede llegar a provocar el cierre de instalaciones y una importante pérdida de puestos de trabajo”. “El argumento dado por el Gobierno de que esta tasa es necesaria para hacer frente al mantenimiento de estas vías no se entiende cuando los conductores aportan 30.000 millones de euros anuales a través de impuestos, como el de carburantes, el de matriculación o el circulación”, defienden.
