A partir de hoy un total de 570 actividades económicas de Castilla y León, todas menos 20, y 386 más que las incluidas ahora, podrán optar a las ayudas directas para pymes y autónomos para apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento, con un plazo que además se amplía otro mes, hasta el 20 de agosto. El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, detalló este lunes en rueda de prensa esa extensión de las ayudas directas con cargo a los 232,5 millones que le corresponden a la comunidad, de los 7.000 repartidos por el gobierno, y que hoy publica el boletín oficial de Castilla y León, el Bocyl. Desde que en mayo se convocaron esas ayudas, la Junta ha tramitado 8.200 expedientes, remitidos a la Agencia Tributaria para que certifique que los autónomos y pymes cumplen con los requisitos, con una media solicitada por las empresas de 20.600 euros.
Además, Fernández Carriedo, ha advertido al Gobierno central de que “el tiempo corre” y los intereses de la deuda adquirida por el impago de los 182 millones de euros correspondientes al IVA de diciembre de 2017 ya alcanzan los 1,36 millones de euros. Fernández Carriedo ha señalado que la Junta ya ha agotado todas las vías para intentar cobrar después de que el Supremo diera la razón a la Junta.
