La nueva ley de la Función Pública de Castilla y León fomentará la igualdad de oportunidades en particular de las empleadas públicas, con la reserva del puesto durante tres años por cuidado de hijo, y definirá los puestos de libre designación para evitar la discrecionalidad, todo con el objetivo último de contar con unos servicios públicos modernos y un empleo actualizado a la realidad social.
Así lo explicó el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, en la presentación del anteproyecto de Ley de Función Pública de Castilla y León, colgado ayer en el Portal del Gobierno Abierto y que se abre ahora a unos trámites y negociación con los afectados para su remisión a las Cortes en el periodo de sesiones entre septiembre y diciembre.
Ibáñez defendió la conveniencia de aprobar una nueva ley, ya que la actual que data de 2005 ha tenido una serie de modificaciones, para la adaptación de la comunidad a la ley básica del Estatuto del Empleado Público de 2015, que habilita a las comunidades a contar con una norma propia que desarrolle su peculiaridades.
“Ni se restringen derechos, ni se establecen nuevas obligaciones para los empleados públicos”, resumió el consejero, que destacó la necesidad de dar una mayor seguridad jurídica a los empleados públicos, así como avanzar en la modernización de los recursos humanos, agilizar los procesos que derivan de ellos, rebajar el régimen de intervención y establecer medidas transitorias que garanticen los derechos y obligaciones por los destinatarios.
Como novedades, Ibáñez se centró en la igualdad de oportunidades de las empleadas públicas en el acceso y control incluidos los puestos de responsabilidad o directivos y en la conciliación con independencia del sexo que se acoja a la medida. Así, destacó la reserva durante tres años del puesto por cuidado de hijos y la rebaja de dos a un año en excedencia voluntaria para facilitar la reincorporación. Igualmente, se regulará la movilidad por violencia de género, acoso laboral o salud.
