Las residencias de personas mayores y con discapacidad deberán someterse a una evaluación continua de calidad, que recogerán la calidad de vida de sus usuarios y la contribución de los apoyos profesionales y los servicios prestados. Un procedimiento que dará lugar a una categorización objetiva de los centros, con informes que serán públicos para que los futuros usuarios o sus familias pueden elegir “con garantías” el centro al que quieran acudir. Asimismo, estas notas serán “determinantes” para que las residencias de titularidad privada puedan acceder a la concertación de servicios con la administración.

Es una de las novedades que recoge el texto de la futura ley que regulará el modelo de atención residencial para cuidados de larga duración en Castilla y León, que girará en torno a las unidades de convivencia para que el centro sea lo más parecido a la vivienda habitual de los usuarios. Es decir, la Junta obligará, cuando esté aprobada la ley a finales de este año o principios de 2022, a que las residencias de nueva construcción sean entornos “íntimos y acogedores”, que eviten la masificación y faciliten la convivencia y el desarrollo de proyecto vital de cada persona. Y es que borrador del anteproyecto deja muy claro que el usuario será el que tenga la “última palabra” y tomará las decisiones sobre su estilo y sus condiciones de vida. Otra novedad del texto, que ya está colgado en Portal del Gobierno Abierto, incluye el derecho a recibir unos cuidados libres de sujeciones (tanto físicas o mecánicas como químicas o farmacológicas).

Además, Isabel Blanco, se posicionaba ayer en la línea del vicepresidente, Francisco Igea, al considerar que la posible comisión de investigación en las Cortes sobre la gestión de las residencias en Castilla y León durante la pandemia debería contar con las comparecencias del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, y vicepresidente Pablo Iglesias.

Los fondos del plan de choque en dependencia irán para rebajar más los plazos

Castilla y León destinará los fondos del Plan de Choque en Dependencia a rebajar aún más los plazos del reconocimiento de los dependientes y sus prestaciones y a modernizar el sistema de la comunidad para que siga siendo “pionero”. Así lo afirmó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, en una rueda de prensa tras participar en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. En este Consejo se ha aprobado el reparto de fondos para la financiación de proyectos de inversión del componente 22 “Economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión social” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de los que Castilla y León contará con casi 42 millones.