Aunque de los 1.309 bebés, niños y adolescentes separados de su familia que la Junta de Castilla y León tiene bajo su tutela más del 60 por ciento -796- se encuentran en hogares, 513 aún crecen en centros de protección porque los que ya no son tan pequeños o están afectados por alguna discapacidad o enfermedad crónica lo tienen más complicado para ser acogidos.
Según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se trata de 46 menores menos de los que había a finales de 2019 en acogimiento residencial.
No obstante, muchos de ellos darán el paso a la vida adulta tras pasar una infancia sin padres e institucionalizados en distintos recursos de acogida.
Medio millar de menores que están distribuidos entre las provincias de León (123), Valladolid (109), Salamanca (66), Ávila (54), Burgos (43), Palencia (36), Segovia (34), Zamora (28) y Soria (20).
Por ello, los esfuerzos de Cruz Roja en Castilla y León, que colabora activamente con el Programa de Acogimiento Familiar de la Junta de Castilla y León, se centran en incrementar la bolsa de familias decididas a hacerse cargo de sus cuidados en tiempos de pandemia.
Un total de 332 menores están en manos de parientes -en jerga administrativa: familia extensa- como tíos y abuelos.
Otros 334 han sido acogidos por personas ajenas, es decir, sin vínculos de consanguinidad en el marco de una fórmula mucho más rentable que el internamiento en un centro, tanto a nivel emocional como económico.
Y, finalmente, 130 han pasado a situación de guarda para fines adoptivos.
León, con 205 menores en acogimiento -tanto en familia extensa como ajena-, se sitúa a la cabeza de la Comunidad muy por delante de Valladolid (99), Salamanca (79), Burgos (67), Ávila (57), Palencia (53), Zamora (52), Segovia (28) y Soria (26).
Los expertos sostienen que crecer en un hogar logra minimizar los efectos de una realidad de dificultad social (maltrato, abandono, encarcelamiento, drogadicción, fallecimiento o pobreza extrema de los progenitores) sobre el niño. Así, este recurso social tiene la finalidad de facilitar al menor un clima de estabilidad emocional, mientras se solucionan las causas que han dado lugar a la separación de sus padres.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades abrió en 2020 un total de 374 expedientes (y cerró el año con 1.421) para garantizar la protección de menores que se encontraban en situación de grave riesgo y estaban declarados en desamparo. Se trata de 99 menos de los iniciados en 2019.
De ellos, 81 se registraron en la provincia de Valladolid seguida de Burgos (62), León (48), Salamanca (46), Ávila (38), Zamora (28), Segovia (26), Soria (23) y Palencia (22).
