Las organizaciones profesionales agrarias (Asaja, UCCL, COAG y UPA) y los sindicatos CCOO y UGT demandaron hoy a la Junta la puesta en marcha de un servicio dependiente del ECyL que se encargue de la intermediación de los 10.000 temporeros que trabajan en las distintas campañas del campo en Castilla y León para garantizar sus condiciones laborales y sanitarias, de alojamiento y protección y educación de menores.
Los secretarios generales de UGT y CCOO en la Comunidad, Faustino Temprano y Vicente Andrés, respectivamente, junto al secretario general de UGT-FICA de CyL, Miguel Ángel Gutiérrez; el secretario general de CCOO Industria de CyL, Gonzalo Díez; el presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo; el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín; y los secretarios de COAG CyL, Prisciliano Losada, y el de UPA CyL, Aurelio González, suscribieron hoy un acuerdo en el que se reclama al Gobierno autonómico la puesta en marcha de este instrumento para esta campaña.
El texto, recogido por Ical, demanda al Ejecutivo autonómico, la creación de una comisión de seguimiento en la que estén presenten todas las organizaciones, y que junto a la Consejería de Empleo, también esté representada la de Agricultura y Ganadería, para coordinar las demandas del sector con las listas del ECyL.
Vicente Andrés y Faustino Temprano destacaron que este es el primer acuerdo de este tipo que suscriben en la negociación bilateral con las opas, más allá de la negociación colectiva que da lugar a convenios del campo. Un acuerdo, recordó Andrés, “voluntario”, que pretende abordar los problemas de los temporeros, 10.000 en Castilla y León, que asumen 15.000 contrataciones, con un 80 por ciento de inmigrantes, ya asentados en el mundo rural de la Comunidad.
El dirigente sindical precisó que el reto es establecer un sistema garantista público para su contratación, alojamiento y protección de menores, lo que requerirá también la implicación de las administraciones locales.
Vicente Andrés indicó que una primera fase se centrará en las contrataciones que es “donde se generan los principales problemas”, dijo, para explicar que las empresas multiservicios, aunque sean legales, generan conflictos de cotizaciones, abono de nóminas, ausencia de formación o materiales de trabajo.
Andrés asumió que la aplicación completa de los objetivos “llevará tiempo” porque el reto es, indicó, que sean “una especie de fijos discontinuos” y “dignificar” así el trabajo en el campo. Agregó que no se trata de una propuesta coyuntural por el COVID, sino que llevan trabajando desde comienzos del ejercicio para generar un marco estructural para estas personas.
Temprano, por su parte, ensalzó la “importancia” de este acuerdo, para que el Servicio Público de Empleo cumpla con su función de intermediación y que se convierta en el “único organismo que posibilite la contratación de temporeros”, cumpliendo todos los requisitos legales. El líder ugetista constató que cada vez hay más trabajadores por cuenta ajena en el campo y dentro de los temporeros la mayoría son inmigrantes asentados en los pueblos, por lo que el reto es que “no se produzca el efecto llamada” como en otras zonas de España, y “acabar con la economía sumergida y la “precariedad laboral”; garantizar la seguridad sanitaria, facilitar alojamientos adecuados; la educación de los menores que les acompañan; y reducir la burocracia en el campo.
El presidente de Asaja, Donaciano Dujo, remarcó que gracias a los temporeros, que son “mayoritariamente extranjeros asentados” en el medio rural, se recogen los productos del campo en la Comunidad, y constató que su propuesta permitirá a los titulares de las explotaciones solicitar la prestación de un servicio oficial “evitando intermediaciones que no cumplen con la legalidad”. Dujo insistió en que el objetivo es garantizar al “cien por cien” las condiciones de estos trabajadores y que se recojan todas las producciones del sector primario autonómico, dentro de un sector con cada vez menos autónomos, por debajo de 40.000; y más trabajadores por cuenta ajena, más de 20.000.
El coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, indicó que este acuerdo es un “primer paso” para solucionar los problemas de los temporeros del campo, que “son vitales para recoger las cosechas”, y pretende garantizar sus condiciones laborales e higiénicas, para evitar situaciones de contagio como las registradas en otras zonas de España.
Palacín comentó que se trata de un “trabajo muy singular” que requiere mucha mano de obra en muy poco tiempo, lo que dificulta los desplazamientos y el alojamiento, por lo que se decanto por el impulso de albergues públicos. Asimismo, reclamó que se solucione el problema de la burocracia y que se haga compatible el cobro de ayudas con estos trabajos.
El secretario general de UPA, Aurelio González, insistió en el reto de acabar con la precariedad y garantizar la seguridad sanitaria de los temporeros en Castilla y León, 10.000, con 4.000 que se encargan de la vendimia. González defendió que en Castilla y León existen mejores condiciones que en otras autonomías para estas personas, por ese volumen, y constató la importancia de que se impliquen las consejerías de Agricultura y Empleo, para que “ganemos todos, los trabajadores y la sociedad”.
