El Defensor del Paciente ha formulado una denuncia ante el Tribunal Supremo por la gestión de la atención prestada en las residencias de mayores durante la crisis del COVID-19 por parte de los gobiernos de Castilla y León, España, Madrid y Cataluña. En concreto, por un presunto delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, en concurso con delito de homicidio por imprudencia, y presunto delito de omisión del deber de socorro.
En concreto, la denuncia se dirige contra el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y las consejeras de Sanidad y Familia e Igualdad de Oportunidades, Verónica Casado y María Isabel Blanco, respectivamente. También, frente al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; al vicepresidente segundo del Ejecutivo central y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias; contra el ministro de Sanidad, Salvador Ila, así como contra la presidenta de la Comunidad de María, Isabel Díez Ayuso; su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz; el director de Coordinación Socio-Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Calos Mur de Víu, además de contra el presidente de la Generalitata, Joaquim Torra I Pla, y su consejera de Sandiad, Alba Verges I Bosch.
