El número de reclamaciones planteadas ante el Comisionado de Transparencia, que forma parte de la institución del Procurador del Común de Castilla y León, ha aumentado el 3,5% en 2019 respecto al año anterior, al alcanzar las 325 demandas, frente a las 314 de 2018.

El Comisionado ha explicado en un comunicado que sus actuaciones el pasado año sirvieron especialmente para "reforzar el derecho a saber de los cargos públicos y de los interesados en los procedimientos administrativos", ya que las instituciones ofrecen un camino "mucho más angosto" a estos dos perfiles que lo que la legislación establece para el común de los ciudadanos.

Sobre las reclamaciones, el Comisionado ha detallado que en lo que va de año son ya 45 las planteadas antes esta instancia para alertar de la falta de respuesta satisfactoria por parte de las administraciones públicas de Castilla y León.

Son las entidades locales las que generaron el mayor número de reclamaciones, ya que sumaron en 2019 hasta 220, mientras que 76 fueron para la Junta de Castilla y León y otras 14 dirigidas a alguna de las cuatro universidades públicas de la Comunidad.

El Comisionado ha destacado que se mantiene la tendencia a la baja en el porcentaje de reclamaciones interpuestas por la ausencia de respuesta a una solicitud de información, al pasar del 80% en 2018 al 63 por ciento en 2019, aunque aún suman 207 de estas reclamaciones.

Entre los motivos aludidos por las administraciones para negar la información destacan la protección de datos personales, la necesidad previa de reelaboración de la información solicitada y el carácter "repetitivo o abusivo" de la petición.