El pleno de las Cortes autonómicas dio luz verde ayer, con el beneplácito de todos los grupos parlamentarios y la única abstención de los integrantes del Grupo Parlamanetario Ciudadanos al proyecto de ley por el que se regulan las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios y el Consejo de Cámaras de Castilla y León. Esta norma nace con la garantía de financiación estable a partir de una cuantía presupuestaria contenida en las cuentas autonómicas.
La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, desgranó el contenido de esta nueva norma que nace para que estas corporaciones de derecho público "adecuen sus servicios y funcionamiento a la realidad empresarial" atendiendo a un marco legal orientando a que sean "más ágiles y dinámicas". La Ley 4/2014 de 1 de abril de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación también recoge la necesidad de que las autonomías aprueben una ley propia para adaptar el modelo cameral a las singularidades de sus territorios y su tejido productivo, algo a lo que ayer ha dado cumplimiento el Parlamento autonómico de Castilla y León.
El Proyecto de Ley se estructura en ocho capítulos y 50 artículos, una disposición adicional, dos transitorias, una derogatoria y tres finales, según relató Pilar del Olmo. Una de las novedades de esta ley es la creación del Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León, que contempla la existencia de las entidades camerales de ámbito provincial (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora) y las de ámbito local (Arévalo, Briviesca, Miranda de Ebro, Astorga y Béjar), para garantizar "una adecuada coordinación" entre todas las entidades existentes, al tener atribuidas funciones de "representación, dirección y coordinación del ejercicio de las facultades que tienen las entidades camerales de la Comunidad".
