Fiscalía de Valladolid considera que existe "prueba indiciaria" de que el concurso público para la dirección facultativa de la variante de Guardo fue "preparado y concertado" entre los funcionarios de la Dirección General de Carreteras de la Junta Jesús M.A. y Belén G.G. y los empresarios Diego B.D. y José Antonio Ll.J. para que el contrato se lo llevara la UTE conformada por estos últimos. Así lo ha expuesto la acusadora pública en su informe final en el que ha acordado mantener invariable su petición de condena para los dos funcionarios y los administradores de Eipsa y Civil 4, en el caso de los técnicos de la Junta como autores de un delito de revelación de informaciones reservadas y otro de fraude a un ente público y respecto de los dos particulares por la autoría del segundo de dichos delitos y de otro de aprovechamiento de información privilegiada.
