Tres exdirectivos defienden que las cajas eran solventes cuando emitieron las preferentes

Los exdirectores financieros de Caja España y Caja Duero, Antonio Fernández y Arturo Jiménez respectivamente, y el director comercial de Caja España, Óscar Fernández Huerga, aseguraron hoy ante el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que las entidades financieras eran solventes en el momento de la emisión de las participaciones preferentes y deuda subordinada.

Así lo manifestó el abogado de la acusación, Santiago Díez, tras la vista que se desarrolló con mayor celeridad que la registrada el pasado miércoles, cuando declararon los presidentes y directores generales de las mimas entidades, imputados por "idear" presuntamente la comercialización de estos productos "a costa y en perjuicio de los clientes".

Durante la declaración, "el espíritu ha sido el mismo", aseguró Díez, ya que los citados han eludido toda responsabilidad en el desarrollo de las preferentes. No obstante, señalaron que "cuando se emitieron tenían una buena conciencia de la estabilidad económica de las cajas". Tanto es así que, según la versión del abogado de la Unión de Consumidores de Castilla y León, "se ha llegado a sugerir que si no llega a ser por los decretos de De Guindos esto hubiera sido algo exitoso".

De esta forma se escudaron en que cambió el escenario económico: "fueron intervenidos porque los decretos de Luis de Guindos obligaban a tener una serie de dotaciones que no tenían", y es que "ellos dicen que eran solventes en el momento de emitir las preferentes" y que "las cuentas fueron aprobadas por el Banco de España", subrayó Díez.

El abogado de la UCE Castilla y León, que representa a cerca de 400 afectados, apuntó que la declaración de los imputados negó que se recibiera ninguna instrucción respecto del público al que debían ir dirigidos, sin embargo, "los documentos confirman que cualquier tipo de economía doméstica o minorista era apta para esta comercialización". Pasadas las 12 horas del mediodía salían de la Audiencia Nacional los imputados sin hacer declaraciones.