La Mesa de Ordenación del Territorio conoció ayer los detalles del anteproyecto de ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio que se prevé aprobar el próximo jueves 27 de diciembre en la reunión del Consejo de Gobierno como desarrollo del pacto político suscrito por la Junta, el PP y el PSOE de Castilla y León. La norma regula la áreas en que se organizará la comunidad, facilitará la «territorialización» de las políticas y racionaliza la estructura de las entidades locales.

Según informaron fuentes de la Junta, el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, fue el encargado de presentar el anteproyecto a la Mesa, con la que su departamento ha mantenido cinco reuniones. En este órgano están representados los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León, la FRMP, las diputaciones provinciales, los ayuntamientos en sus diferentes perfiles poblacionales, la patronal empresarial, los sindicatos y las Opas.

El Ejecutivo autonómico indicó que ha procurado elaborar este anteproyecto de ley con la máxima participación de la sociedad castellana y leonesa por lo que destacó el esfuerzo realizado por todos los que han contribuido a la elaboración del anteproyecto de ley. Esta norma ha sido uno de los compromisos que el Gobierno autonómico ha mantenido «con mayor firmeza» desde el principio de la legislatura debido a su «potencialidad transformadora». Por una parte, pretende mejorar la cohesión territorial de la comunidad, impulsar una mayor cercanía en la prestación de los servicios y garantizar el acceso de los ciudadanos a los mismos, independientemente de su lugar de residencia. Para ello, define las unidades básicas de la ordenación y servicios en el territorio, tanto en el ámbito rural como en el urbano, que se constituyen como la referencia espacial y parámetro básico para el desarrollo de la ordenación del territorio en Castilla y León.

Las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales agruparán a municipios menores de 20.000 habitantes, con continuidad geográfica y con características socioeconómicas, naturales o culturales similares, y, en general, se atenderá en su delimitación al tamaño o densidad de población de las unidades básicas resultantes. Por su parte, los municipios de más de 20.000 habitantes constituyen por sí mismos unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio urbanas.

Se prevé la elaboración de un mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio que contendrá tanto las unidades rurales como las urbanas, nuevamente siguiendo un procedimiento participativo en el que las diputaciones ejercerán un papel destacado, que se someterá a audiencia pública.