El departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Benavente ha propuesto una sanción de 10.001 euros a la Dirección Provincial de Educación de la Junta por llevar a cabo obras que no son autorizables en una parcela fuera de ordenación y sin contar con licencia. La infracción está tipificada como grave, pero la Concejalía de Urbanismo ha establecido la cuantía mínima (la máxima alcanza los 300.000 euros).
La sanción podría quedar reducida a la mitad siempre que Educación, como promotora de las obras, se comprometa por escrito y en un plazo de diez días, a legalizar los actos sancionados en caso de que sean compatibles con el planeamiento urbanístico, o en caso contrario a restaurar la legalidad.
Queda abierto así el proceso sancionador, que como máximo tendrá un tiempo de instrucción de seis meses.
Simultáneamente, Disciplina Urbanística ha iniciado el expediente de restauración de la legalidad otorgando a la Dirección de Educación un plazo de audiencia de diez días.
En este tiempo, la Administración regional podrá examinar toda la documentación del expediente y formular alegaciones. Las obras están paralizadas por decreto desde finales del año pasado y hasta ayer, “ningún representante técnico o legal” de la Dirección Provincial de Educación ni de la Junta de Castilla y León, se han puesto en contacto con el Ayuntamiento benaventano, según confirmaron fuentes municipales.
La parcela, fuera de ordenación
Educación solicitó la licencia, que fue denegada porque la parcela se encuentra fuera de ordenación al no haberse ejecutado los viales de una obra educativa anterior.
Ante una ampliación como la proyectada, que persigue solucionar los problemas de accesibilidad del instituto y simultáneamente una ampliación de aulas y otros espacios, era necesario “con carácter previo a la obtención de la licencia la ejecución de las obras de urbanización de los terrenos exteriores a la alineación oficial y procederse a su cesión”, determinan los informes.
Los técnicos del Departamento de Urbanismo informaron negativamente la concesión de la licencia solicitada para los nuevos trabajos, valorados en cerca de un millón de euros, hasta que se completará la urbanización pendiente y se cedieran los viales al Ayuntamiento.
Pese a la denegación de la licencia la promotora, la Junta, inició los trabajos y ha levantado varias plantas con forjados. A finales de diciembre, el Ayuntamiento, de acuerdo con los informes y con el propio Reglamento de Urbanismo de Castilla y León de cuyo cumplimiento es garante la Administración regional, decretó la paralización de los trabajos.
