El aula de tráfico del Centro de Transportes de Benavente acogió el martes una jornada informativa sobre el cártel de camiones, práctica reconocida en una resolución de la Comisión Europea y que ha supuesto la imposición de multas millonarias por parte las autoridades de la competencia de la Unión a los diferentes fabricantes. Con esta iniciativa se ha ofrecido la posibilidad de "abordar los problemas que puedan surgir tanto a los transportistas autónomos como no autónomos de las consecuencias", explicó el catedrático de Derecho Mercantil, Fernando Martínez, encargado de ofrecer la información.

Y es que cientos de propietarios de camiones, que según Martínez no se puede cuantificar, que adquirieron su vehículo entre 1997 y 2011 pueden ya reclamar a los fabricantes los sobrecostes que pagaron sin saberlo. "Hay miles de afectados pero no una cifra concreta", señaló.

"Hay gran inquietud acerca de las reclamaciones que se pueden hacer por los daños y perjuicios ocasionados a los propios transportistas. Ya en el mes de julio a cada uno de los fabricantes implicados y casas matrices fuera de España se les ha enviado burofaxes intentando una resolución pro la vía extrajudicial, porque no se puede excluir nada. Lo cierto es que hemos obtenido alguna respuesta pero no ha sido favorable a resolver esta situación fuera de los juzgados", señaló Martínez.

Explicó también que es prematuro saber a ciencia cierta qué porcentaje sobre el precio del camión puede suponer la indemnización, pero puede rondar entre un 10 y un 20%. "Este es un tema clave. La demanda tiene que solicitar el suplico que el juez condene a una cifra determinada de dinero y eso será objeto de la prueba pericial y es muy difícil de cuantificar. La clave está en la prueba pericial que se proponga y la justificación que se haga en la misma respecto de la repercusión que ha tenido el comprador final esta práctica de concertación de precios y de introducción de mejoras tecnológicas", señaló el catedrático.

"Hay un poco de desinformación. Hay que despejar dudas concretas y ser realistas porque no se pueden generar expectativas que no corresponden a la realidad. Hay que ser cautelosos en ciertas cosas", puntualizó Martínez. La reclamación no puede quedar aparcada puesto que desde la publicación de la resolución en abril de este año existe un periodo de un año para iniciarla por parte de los compradores, por lo que "es preciso tomar una decisión cuanto antes", añadió.