13 de enero de 2011
13.01.2011
Por la venta de productos de alto riesgo

La juez instruye demandas contra un banco

Los demandantes, que se consideran «estafados» y piden la nulidad de los contratos, están pagando hasta 3.000 euros de intereses al mes

13.01.2011 | 02:01
Uno de los demandantes, ayer, en la oficina de su negocio ante una imagen de la entidad financiera demandada.

«Nos sentimos estafados porque esto es una estafa en toda regla, y aunque haya clientes que no se atrevan a denunciarlo, somos muchos los afectados». R. J. R., de 35 años, regenta un pequeño negocio en Benavente y en 2007 suscribió una póliza de crédito de 300.000 euros con el Banco Pastor. «El director me dijo: ¡hombre tienes que contratar también este seguro que acaba de salir que es muy bueno!». Desde entonces, paga más de 4.000 euros de intereses trimestrales y en teoría tendría que seguir abonándolos hasta el año 2012, pese a que la póliza de crédito venció hace tiempo. «Sólo en intereses me han chupado ocho millones de pesetas, aunque hay gente que ya ha pagado 20 millones», explica. Por recomendación de su abogado ya no abona los intereses.


Lo que en realidad firmó este empresario fue la compra de un producto financiero de alto riesgo, lo que en el argot bancario se conoce como «swap de intereses», un contrato vinculado a otro de crédito o a una hipoteca que modifica el pacto de los intereses.


En la práctica, este producto obliga a las dos parte: al Banco a pagar intereses al clientes en el caso de que los tipos suban, y al cliente al banco en el caso de que estos bajen. La diferencia es sin embargo más que notable. «Cuando los tipos subieron me pagaron 35 o 40 euros, cuando han bajado he tenido que pagar 4.000 euros al mes», explica este afectado.


El Juzgado de Instrucción número 1 de Benavente ha fijado la vista contra la entidad financiera el próximo día 22 por la demanda de este cliente. No es la única. En los juzgados se instruyen varios procedimientos ordinarios contra el mismo banco y por el mismo motivo. En concreto se trata de otra pyme que ha abonado hasta la fecha 24.000 euros en intereses y de una familia a la que el «swap» le está generando intereses mensuales de 3.000 euros además del pago de la hipoteca a la que está vinculado su «swap».


«En estos casos concurren la falta de equidad en el contrato; una más que deficiente información del producto financiero saltándose la normativa bancaria; y la nulidad del contrato», explica José Luis Fernández de Lamadrid, el abogado vallisoletano que lleva los procedimientos benaventanos y acaba de ver como sus argumentos han sido reconocidos por el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 6 de Ponferrada.


«El swap es un contrato que modifica el pacto de intereses de un préstamo, mediante una apuesta o, si queremos, una previsión, relacionada con la oscilación anual de los tipos de interés, de tal manera que si el prestatario gana, el banco tiene que devolver parte de los intereses recibidos por ese préstamo, si es el banco quien gana el prestatario ha de pagar un interés superior al que estaba pactado en el préstamo», dice la resolución judicial.


La finalidad que se pretende con estos contratos es la mejora de la financiación de las empresas, sobre la base de intentar aminorar los perjuicios derivados de las fluctuaciones, lógicamente al alza de los tipos de interés variable. «Pero (...) lo cierto es que estamos ante un contrato de carácter aleatorio con tintes especulativos, en el que se juega con el diferencia de los intereses que se intercambian», añade la resolución.


En este caso, el de una pyme berciana contra el Banco Pastor, la juez ha declarado la nulidad del contrato y la recíproca restitución de las prestaciones materia del contrato (los intereses). La sentencia deja claro que «el director de la sucursal, desconoce el significado de los términos que se recogen en el contrato, dentro de lo que se denomina permutas financieras, no pudiendo llegar a explicar en consisten tales productos». La juez impuso las costas judiciales al banco.


«Podría considerarse una estafa como una casa. Hay engaño suficiente y bastante y disminución patrimonial. Se cumplen todos los requisitos», explica una fuente jurídica del procedimiento. Sin embargo, las demandas se están produciendo en la jurisdicción civil y lo que se está buscando es la anulación del contrato y la restitución del dinero.


Fernández de Lamadrid, que está defendiendo una decena de casos en la región, entre ellos el de otra pyme en Zamora, y el de un agricultor que pidió un crédito al Sabadell para adquirir maquinaria en Toro que acaba de quedar visto para sentencia en la ciudad toresana, recuerda que sobre los productos financieros de alto riesgo, «que ni siquiera los mismos directores de banco saben calcular», se han pronunciado en contra la Comisión Nacional de la Competencia en el mes de septiembre y todos los grupos políticos con representación en el Senado haciendo especial referencia a su presunta ilegalidad.

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