El grupo de Izquierda Unida en la Diputación Provincial exige que se depuren responsabilidades en el seno de la institución dirigida por Mayte Martín Pozo en lo tocante a la sanción que la Junta de Castilla y León le ha impuesto al vertedero por el uso de lixiviados para el riego de la montaña de residuos. La formación liderada por Laura Rivera ha sido la primera en reaccionar a la información adelantada por este diario, en la que se daba cuenta de la multa de 20.001 euros interpuesta por la administración regional, así como la exclusión de cualquier tipo de subvención al Centro de Tratamiento de Residuos durante los próximos dos años. Considera la diputada de IU que el error no es de las localidades adscritas al Consorcio y que, por lo tanto, la sanción debería recaer en el bolsillo del grupo del Partido Popular en la institución provincial.

La portavoz de Izquierda Unida en la Diputación, Laura Rivera, ha solicitado una reunión urgente del Consorcio Provincial de Residuos para dar cuenta de las razones de la sanción de la Junta de Castilla y León al vertedero. "La administración regional ha demostrado que el uso de lixiviados para el riego no era una actuación puntual, como explicó Aurelio Tomás en su día, sino que hay una bomba en la balsa de lixiviados conectada a unos aspersores, lo que constituye una instalación permanente", señala. "Y ante esta situación, solicitamos a la presidenta de la Diputación y al del Consorcio -el propio Aurelio Tomás- que se convoque una reunión urgente, bien de la Asamblea o bien de la Junta de Gobierno, para dar explicaciones de los hechos sancionados y poner inmediatamente las soluciones que se requieran para evitar el daño medioambiental y a la vecindad", añade.

Al margen de la reunión, en Izquierda Unida consideran que es necesario "determinar las responsabilidades tanto en el ámbito técnico, si hubiera lugar, como en el político". De esta manera, Rivera pone en la picota al diputado de Medio Ambiente, Manuel Martín Pérez, y al presidente del Consorcio, Aurelio Tomás. "Además, creemos que la sanción de 20.001 euros no debe ser a cargo del Consorcio de Residuos, en el que están representados todos los ayuntamientos de la provincia que además se van a quedar sin subvenciones de la Junta durante dos años, sino con cargo al propio grupo del Partido Popular en la Diputación, que recibe una cantidad anual de 76.950 euros para su funcionamiento", expresa la portavoz del grupo de la oposición.

El Consorcio está formado por 15 mancomunidades, diez pueblos no mancomunados y las localidades de Toro, Benavente y Zamora.