La Junta de Castilla y León ha decidido sancionar con 20.001 euros al Centro de Tratamiento de Residuos (CRT) de Zamora por la utilización de lixiviados para el riego de las montañas de desechos. El departamento de Medio Ambiente de la administración autonómica ha decidido actuar tras la denuncia realizada en el año 2015 por la Asociación de Vecinos de Carrascal.
En aquel momento, los ciudadanos pudieron observar hasta cinco aspersores expulsando un producto en lo alto de la montaña de residuos que impregnaba las laderas de un líquido negro. Aspersores que, efectivamente, estaban conectados a una bomba situada en la balsa de lixiviados, algo que constituye un total incumplimiento del condicionado de la autorización medioambiental.
Los vecinos de Carrascal han ganado una batalla al vertedero de Zamora, tras conseguir que la Junta les dé la razón en la denuncia realizada hace ya tres años ante el Seprona por malas prácticas en el interior del recinto. La asociación del barrio denunció no solo la utilización de lixiviados para el riego de los residuos, sino también el incumplimiento de cubrir los residuos al término de cada jornada. Ahora, el departamento de Medio Ambiente ha resuelto que, efectivamente, estaban acertados en ambas afirmaciones.
El documento al que ha tenido acceso este diario da por probados ambos extremos y dicta lo siguiente. "El riego con cualquier tipo de líquido constituye un incumplimiento al condicionado de la autorización ambiental, que prohibe totalmente el riego de los residuos almacenados con los lixiviados o cualquier otro líquido", apunta. "Y la autorización ambiental obliga, literalmente, a la cubrición de los residuos almacenados cada día, al final de la jornada, con una capa de arcilla u otro material adecuado de al menos 20 centímetros de espesor", añade.
El Centro de Tratamiento de Residuos se enfrentaba a una sanción de entre 20.001 y 200.000 euros por ambos incumplimientos y finalmente la Junta ha decidido que la multa sea la mínima posible. Además, la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental ha decidido declara la pérdida del derecho del infractor a obtener subvenciones de la Consejería de Medio Ambiente durante un plazo de dos años.
Los vecinos de Carrascal han valorado esta resolución afirmando que el objetivo a conseguir ahora es el de cumplir con la legislación vigente. "Esperamos una mayor vigilancia sobre el vertedero y que se exija y garantice el cumplimiento de la autorización integral ambiental", explican. "Igualmente, esperamos la asunción de responsabilidades políticas por parte de quien públicamente en los medios de comunicación justificó y defendió estas prácticas ilícitas", comentan en alusión a Aurelio Tomás, presidente del Consorcio Provincial Regulador para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos
