Los elevados impuestos que en muchas ocasiones conlleva el hecho de recibir una herencia de un familiar fallecido han disparado las renuncias durante los últimos años, según los datos del Consejo General del Notariado. En los últimos años, los zamoranos que han renunciado a las herencias de las que eran beneficiarios se cuentan por cientos. Aunque también influye el hecho de que, si la crisis ha hecho mella en el fallecido, la herencia esté compuesta básicamente por obligaciones de pago y no por bienes -estos casos son minoría-, los expertos apuntan directamente al régimen fiscal como causante de esta situación.

Con las cifras en la mano, las renuncias a herencias prácticamente se han triplicado si se comparan los datos publicados más actuales con los del ejercicio 2007. Hace una década, según los datos del Consejo General del Notariado, fueron 78 los zamoranos que renunciaron a los bienes que sus familiares fallecidos les habían dejado. Cinco años después, en el 2012, la cifra ya aumentaba hasta las 215, y llegó a escalar hasta las 220 en el 2014, último dato provincializado elaborado por los notarios.

No obstante, la estadística regional da datos más avanzados. En 2015 las renuncias a herencias aumentaron más de un veinte por ciento con respecto al ejercicio anterior y en los primeros meses del año pasado la estadística se mantuvo, lo que indica que tendencia todavía no remite.

Aunque hay diversas exenciones, principalmente sobre la vivienda, los datos publicados hace unos días por el Consejo General de Economistas y Asesores Fiscales ponen de manifiesto que las diferencias entre distintas regiones son evidentes. En Zamora -y en toda Castilla y León puesto que el impuesto lo ponen las comunidades autónomas- las cantidades a abonar al fisco pueden suponer hasta ochenta veces más dinero que en Madrid si se habla de casos concretos. Los economistas ponen el ejemplo de un padre que deja a su hijo bienes por valor de 800.000 euros, de los que 200.000 corresponden a una vivienda. El beneficiario tiene treinta años, no tiene hijos y tampoco tiene ninguna discapacidad. En este caso, el beneficiario tendría que pagar 125.643 euros al erario público en Castilla y León. En Madrid la cantidad bajaría hasta los 1.568 euros.