Eugenio García Tejerina explicó que Castilla y León tiene capacidad de evacuación de 1.800 nuevos megavatios y debe optar a implantar esa potencia hasta 2020, lo que supondría un impacto económico y de generación de empleo "muy relevante" y que "ya conoce" el Gobierno regional. En concreto, las estimaciones de Apecyl indican que la puesta en marcha de esa potencia supondría inversiones directas de 2.400 millones de euros y la creación de más de 9.000 empleos.
Asimismo, constató que los ingresos fiscales locales ascendería a más de 203 millones; y los alquileres de terrenos dejaría a sus propietarios 7,4 millones anuales. Aseveró que estas actuaciones permitirían mantener y expandir la industria eólica regional; así como la atracción de nuevas oportunidades de desarrollo económico asociado o I+D.
Actualmente Castilla y León cuenta con 85 parques eólicos con autorización administrativa, que en total tendrían una potencia de 1.523,47 MW. León, Palencia, Burgos y Soria son las provincias que más se juegan en la subasta eléctrica de los próximos meses, fundamentalmente las dos últimas por su cercanía a tierras aragonesas, donde no existe un impuesto similar a la ecotasa -sí lo hay en Galicia-. Ávila, con ningún parque autorizado, y Segovia, que solo tiene uno, son las provincias a las que menos afecta el impuesto de la Junta, al menos en su proyección a futuro.
García Tejerina defendió que el sector en Castilla y León cuenta como ventajas con un procedimiento estable de tramitación de parques, infraestructura eléctrica y territorio, pero en otros sitios tienen más recurso eólico y no gravan la actividad, ya que este impuestos solo permanece en Castilla y León y Galicia.
