El juicio que celebra la Audiencia Provincial por la presunta venta simulada y posterior descapitalización de la empresa benaventana Central de Ventas Carbayo entrará hoy en su recta final con la lectura de las conclusiones por parte de fiscal, acusación particular y abogados defensores, después de que ayer finalizaran las declaraciones de los peritos.

Especialmente relevante resultó el interrogatorio del administrador judicial de la sociedad, quien más que testigo parecía un acusado más, ya que sobre él se centraron los duros ataques de los abogados defensores, que intentaron responsabilizarle de la mala marcha de la sociedad, para hacer ver que su gestión no sólo no mejoró sino que empeoró la deuda que tenía contraída.

El economista, sin embargo, esgrimió un sólido informe en el que defendió su labor, en todo momento tutelada por el juzgado benaventano instructor y dejó claro que la falta de contabilidad de la empresa fue lo que impidió conocer la situación real de la sociedad, cuyos problemas venían ya de antes y no precisamente de su gestión.

Así, por ejemplo, los abogados defensores le echaron en cara que no hubiera practicado un ERE sobre la plantilla para conseguir despidos más baratos, sino que lo que hizo fue declarar el cese de actividad para que éstos pudieran cobrar el paro e indemnizaciones de 45 días por año trabajado, en lugar de 24, no tomó medidas para que los vehículos adquiridos en leasing siguieran generando deuda ni tampoco surtió de género a las tiendas para que pudieran seguir su actividad. El administrador, que sigue siéndolo pese a que desde 2009 expresó su deseo de dejar el puesto, argumentó que no disponía de la contabilidad de la empresa y por tanto ni siquiera podía iniciar el proceso legal de concurso de acreedores y asimismo desconocía incluso que la sociedad tuviera vehículos en leasing. Uno de los abogados indicó que como administrador judicial él es el único responsable de la marcha de esta empresa y de la aquiriente, Promanbi en estos últimos años, mientras el perito argumentaba que él no es el culpable de la mala gestión de estas empresas por parte de sus originales propietarios.

Durante la sesión declaró también un perito calígrafo de la Guardia Civil, que identificó la autoría de las firmas que figuran en algunos de los contratos encontrados en el correo electrónico del abogado de Ponferrada que presuntamente actuaba como cerebro de la trama, aunque no pudo determinar si las rúbricas se habían plasmado a la vez o en fechas diferentes.